Estatales, a las puertas de un paro entre desafíos, deserciones y presiones

La Intersindical está a las puertas de un paro y marcha, el próximo jueves 28 de noviembre, que representa un desafío por el contexto particular en el cual se convocó. El ajuste del gobierno nacional se combina con un esfuerzo de la gestión provincial por sostener de alguna manera la pauta salarial y los gremios que en algún momento del año hicieron movidas en unidad, ahora aparecen con estrategias diferentes.

Por un lado, los gremios de la Intersindical respondieron al malestar por la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos que expresaron los delegados en el plenario de hace dos semanas. 

Por el otro, el gobierno provincial metió presión porque otorgó un bono de fin de año jugoso, que no puede dejar de valorarse, como para intentar descomprimir el descontento. También el gobernador Sergio Ziliotto aseguró que hasta ahora los salarios tuvieron un 104% de aumento, acompañando a la inflación, y aceptó limitar a febrero la garantía de un sueldo mínimo a cuenta de futuros aumentos. Siempre en un contexto recesivo y de caída de la recaudación.

Y, finalmente, el frente gremial está resquebrajado. Hay gremios que directamente le sacaron el cuerpo a la protesta. El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias firmó el acuerdo por el bono de 300 mil pesos esta semana y no va al paro, a pesar de estar dentro de la Intersindical.

UPCN, el gremio que lidera Jorge Lezcano, asesor gubernamental y exfuncionario provincial, no aceptó el convite de asistir al plenario y en la reunión paritaria firmó el acuerdo con los representantes gubernamentales.

La Utelpa, el principal gremio docente, ya había acordado en la paritaria anterior, a diferencia de la Intersindical, y ahora volvió a aceptar la oferta del bono, aunque aclarando que considera "insuficiente" la pauta salarial otorgada este año por el Centro Cívico.

En el plenario de hace dos semanas, afloraron algunos disensos. El secretario general de luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta, había mocionado esperar para lanzar una medida de fuerza a la reunión paritaria. Por disciplina gremial y democrática, dijo, acataron lo decidido por la mayoría y no se correrán de la protesta. El lucifuercista defendió al secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, que había sido insultado, cuestionado y tratado de "traidor" por un representante de ATE.

Algo similar sucedió con el gremio APEL, de los legislativos, que aún apuesta a una señal de último momento desde Casa de Gobierno para frenar el conflicto.

No es casualidad entonces que la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont, se haya visto obligada a salir a aclarar que el paro del 28 "sigue en pie" y el gremio está embarcado en "militarlo". Además, también la secretaria general de los Judiciales, Susana Funes, apremiada por el surgimiento de una rama de judiciales autoconvocados que la corren por izquierda, también le puso la cara a declaraciones para ratificar el reclamo.

"Siempre dijimos que no vamos a discutir un bono, que sabemos que es importante para los compañeros. Si pretendíamos que se cobre y los compañeros no sufran descuentos", remarcó en Somos La Pampa. "Si somos una provincia tan ordenada como se dice, una provincia donde no se debe nada y con 27.000 trabajadores estatales, tendría que haber dado un bono o por lo menos acercarse a un bono como lo dio Santiago del Estero, de 1.3 millones", punzó.

"En realidad nosotros hemos planteado un cuarto intermedio para discutir salarios, que es lo que hoy hace que los trabajadores judiciales de la Provincia de La Pampa, estemos prácticamente con medidas y además ya sabemos que ya la semana que viene tenemos el paro que está convocado por la mesa Intersindical. Nosotros vamos a seguir con las asambleas y retiros", acotó.

Y remarcó que "el paro está ratificado, salió del plenario, fueron dos mociones, las dos hablaban de un paro, ya está planteado y está definida la fecha para el jueves 28".

 El gobierno había convocado a una reunión de para discutir el bono de fin de año unas horas antes del plenario realizado por la Intersindical en la explanada de Casa de Gobierno. La estrategia no logró frenar que se votara un paro y movilización.

Esta semana, en la reunión paritaria que había sido consensuada con los docentes, pero a la que también se llamó a los sindicatos que tenían votado el paro, los paritarios del gobierno ofrecieron el bono de 300 mil pesos. En Casa de Gobierno confían en que el monto del bono desanime a los empleados a sumarse al paro.

Además, hizo un retoque a la oferta salarial: le puso una fecha límite -hasta febrero- al mínimo garantizado de 800 mil pesos a cuenta de futuros aumentos. Sin esa modificación, había un grupo de estatales que hubiesen tenido el sueldo congelado hasta mitad de año, según calculaban los gremios.

El reclamo de los gremios de más aumento tiene un argumento estadístico. Si bien los incrementos igualaban hasta el momento a la inflación durante 2024, no se contempla recuperar en forma parcial o total la pérdida de salario que sufrieron en dos momentos, con la  pandemia y con la devaluación de diciembre de 2023. En dos años, perdieron el 63% del poder adquisitivo del salario, advierten.

Este jueves quedará expuesta finalmente la fuerza que tendrá la convocatoria a la protesta, en un contexto con todas estas aristas.