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EL DIARIO digital
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El juez Carlos Besi condenó a un hombre a un año de prisión efectiva por el delito de tenencia de material de explotación infantil, bajo la carátula de infracción al artículo 128 del Código Penal. La sentencia se enmarca en un caso de posesión de representaciones sexuales explícitas de menores de 13 años.
El Ministerio Fiscal, representado por Cecilia Molinari, señaló que la causa se originó a partir de reportes de la Red 24/7 del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos. Estos informes, recibidos en La Pampa en 2022, indicaban que el acusado había descargado y almacenado en sus cuentas de Google Fotos y Google Drive un total de 55 archivos de contenido explícito. Las direcciones IP de dichas descargas y las cuentas de correo electrónico fueron vinculadas al imputado a través de su número telefónico y domicilio, lo que permitió dar inicio a la investigación.
Durante el juicio, se revelaron detalles adicionales, incluyendo la existencia de otros 40 videos de contenido similar en una notebook del programa Conectar Igualdad y siete más en un dispositivo USB, todos almacenados en el domicilio del imputado. De acuerdo con el Ministerio Fiscal, la posesión de este material constituye un delito continuado de tenencia de material de explotación sexual de menores.
Por su parte, la defensa del acusado, liderada por Silvina Blanco Gómez, sostuvo que su defendido desconocía la existencia de estos archivos en su dispositivo. Argumentó además que las pruebas fueron obtenidas de manera inconstitucional, aludiendo a la violación de derechos de intimidad y privacidad.
El fallo dictado por el juez Besi sostuvo que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos, conforme lo concluyó un examen psiquiátrico realizado durante el proceso. La condena, enmarcada en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, subraya el compromiso de Argentina con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a implementar medidas contra la explotación infantil.
El condenado, cuya identidad no se revela por motivos legales, deberá cumplir su pena en prisión efectiva.
