Ley de Plaguicidas: ruralistas dicen que se perderán más de $276.000 millones

La aplicación de la Ley 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas, sancionada en 2020 y cuya reglamentación se aborda en estos días en el marco del Consejo Consultivo creado para ese fin, generaría un perjuicio económico a los productores rurales de casi 53.000 millones de pesos solo a partir de la prohibición de la aplicación de fitosanitarios a menos de 500 metros de las zonas urbanas, según indica un estudio realizado por la Mesa del Agro de La Pampa y el ingeniero agrónomo especialista en imágenes satelitales Alejandro Luz.

Si a esa restricción se le suma la correspondiente a aplicaciones aéreas, que no permite esa práctica a una distancia inferior a 3000 metros de las localidades ni sobre cursos o cuerpos de agua, las pérdidas de facturación por merma productiva ascenderían a más 276.000 millones, de acuerdo al mismo trabajo, cuyas proyecciones fueron publicadas por el diario Clarín.

Vale recordar que las entidades que representan al sector en la provincia se retiraron del último encuentro destinado a elaborar la reglamentación de la norma que cuestionan y exigieron directamente su derogación.

Tras dar el portazo, emitieron un documento en el que expresaron su "firme rechazo a la implementación de la Ley 3288 por los graves perjuicios que provocará a la producción agropecuaria pampeana y por sus defectos de origen".

En ese sentido, señalaron que "en su redacción no se tuvo en cuenta el largo y fecundo trabajo realizado en el seno de la COPROSAVE para la actualización de la Ley 1173 (la anterior norma sobre la actividad) en el que participaron referentes de entidades públicas y privadas" y que "durante su tratamiento legislativo se soslayaron todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades representativas del sector agropecuario, los que incluyeron serios y fundados argumentos acerca de sus nocivas consecuencias". También reprocharon que "la falta de aporte técnico en su redacción y tratamiento hace que al día de hoy la Ley 3288 ya esté desactualizada y contenga serios vacíos ante los avances tecnológicos".

Además, consideraron que "incrementa hasta lo imposible la carga burocrática innecesariamente", "atenta contra el derecho a la propiedad privada", "criminaliza la actividad agropecuaria" e "impacta fuertemente en los productores agropecuarios pampeanos, muy especialmente en los de menor infraestructura administrativa".

"A contramano"

De acuerdo a lo publicado por el medio porteño, el presidente de la Sociedad Rural de Quemú Quemú y delegado de la Sociedad Rural Argentina, Federico Cobreros, sostuvo que la nueva ley que promueve el Gobierno de La Pampa "va completamente a contramano de lo que está pasando en el país, donde se está desregulando y están tratando de bajar la cantidad de trámites". Advirtió que la norma no solo restringe la producción, sino que la complica y la encarece "muchísimo". "Hacia adelante, posiblemente alguna empresa se anime a producir en estas condiciones, pero los productores comunes están muy, pero muy complicados para llevar adelante todo este tramiterío, todas estas gestiones, todas estas obligaciones y esta sobrecarga tremenda, no solo administrativa, sino de costos", señaló.

El ruralista cuestionó particularmente las limitaciones a las fumigaciones aéreas: "En un primer vistazo esto no representaría mayor inconveniente, pero al no definir con precisión qué son 'cursos y cuerpos de agua', se podría interpretar que es una simple laguna en el medio de un lote o una laguna temporaria o el charco de la bebida. El problema es que el proyecto se copió de otras legislaciones donde sí hay cursos y lagos naturales, pero en nuestra provincia y en la zona agrícola por excelencia eso no existe, por ende, esto está sujeto a cualquier interpretación", expresó.

Así, en un año húmedo en Quemú Quemú quedaría libre para cultivar sin restricciones apenas el 5% de la superficie total de ese departamento, que son 225.000 hectáreas, mientras que el área con aplicación de fitosanitarios permitida en Realicó sería de solo el 14% y la de Catriló, del 35%.

Además, Cobreros explicó que "cuando hablamos de restricciones de aplicación, tenemos que tener en cuenta que el principal cultivo de la provincia es el girasol y si no se puede hacer aplicaciones aéreas se vuelve inviable, porque en el fin de ciclo, cuando es atacado por plagas, sí o sí hay que hacer aplicaciones aéreas, no hay forma de hacerlo de manera terrestre".