APEL contra la derogación de los cargos "hereditarios"

La semana pasada, en línea con la medida adoptada por el Gobierno nacional, las diputadas Romina Mota (UCR) y Noelia Viara (PRO) presentaron un proyecto de ley que busca derogar el artículo 31 de la Ley 643. Este artículo permite que familiares directos de empleados públicos fallecidos en actividad puedan ocupar su puesto sin necesidad de pasar por un proceso de selección, lo cual –según las legisladoras opositoras- va "en contra de los principios de igualdad y mérito".

El secretario gremial de APEL, Mario Fernández, advirtió que ese artículo beneficia al cónyuge, hijos o hijas a acceder a un cargo de la última categoría del escalafón.

El dirigente pidió a las autoras de la iniciativa "analizar con mayor profundidad los profundos efectos negativos que los mismos ocasionarían a un hogar que cuente con la desgracia de perder a uno de sus integrantes, sostén de familia, en algunos casos el único". 

"Incontables son los antecedentes donde esta posibilidad de acceder al cargo ha sido la única forma de no quedar en el desamparo o indigencia, posibilidad para madres que han quedado solas con niños aún pequeños o la de jóvenes que han quedado al cuidado de sus hermanitos", remarcó.

Señaló que "en ocasiones de haber tenido la lamentable pérdida de compañeras o compañeros entrañables y como familia que somos, hemos acogido a aquellas esposas, hijos o hijas que llegaron con el dolor en su alma a ocupar un poquito de ese vacío que nos dejaron sus compañeros de vida, sus mamás o sus papás. Es así como entre todos hemos contribuido a sostenerlos y a que aprendan las funciones que se les adjudicaran". 

"Hoy en día muchos de ellos ocupan lugares de fundamental importancia en la casa, llegando a ser un trabajador de carrera que contribuye al buen desempeño de funcionarios y diputadas jóvenes o con escasa experiencia", agregó.

"Consideramos o queremos creer que la intencionalidad del proyecto es terminar con el nepotismo, con el que podemos todos estar de acuerdo, pero esta no es potestad de los trabajadores y las trabajadoras sino de quienes se encuentran en posición de poder y de toma de decisiones", insistió Fernández.

A su vez, convocó al resto de los estatales a que "se pronuncien en contra de este doloso proyecto que tanto perjuicio puede traernos en épocas de quita de derechos y ataque sistemático del poder hacia los sectores más vulnerables".