La Intersindical rechaza las "mentiras" y el "discurso de odio" por los cargos hereditarios 

Los gremios de la Intersindical se reúnen de urgencia este viernes, alarmados por la ofensiva del gobierno de Javier Milei contra los derechos laborales y el correlato en la provincia, con la presentación de un proyecto de eliminación de "cargos heredados" por parte de diputadas provinciales de Juntos por el Cambio. "Es la punta del iceberg, quieren quitar derechos y odian al estado y a los trabajadores", dijo la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont.

Los gremios ya tienen decidido pedir una reunión con los miembros de la comisión legislativa donde ingresó la iniciativa, similar a la impuesta por el gobierno nacional, para derogar el artículo 31 de la ley 643, que regula el empleo público en la provincia. Las diputadas provinciales Gisella Cuadrado, Andrea Valderrama y Noelia Viara impulsan la propuesta.

"Hay diputados de la oposición que quieren implementar la política de Milei en la provincia. Teniendo miles de cosas importantes para pensar en mejorar la vida de los pampeanos se detienen en hacer este tipo de leyes que claramente dejan en evidencia el odio que le tienen al estado y a los trabajadores", señaló Rechimont.

Un derecho con una serie de requisitos

La decisión de avanzar con esta nueva normativa había sido adelantada en conferencia de prensa por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger. Luego se publicó en Boletín Oficial. Y las legisladoras pampeanas replicaron la propuesta. 

La disposición prohíbe que tanto familiares como cónyuges de empleados estatales que hayan fallecido, ocupen sus puestos de trabajo en reemplazo. En la provincia, el gobierno y la mayoría de los municipios tiene vigente este mecanismo. Sin embargo, el intendente de Guatraché, Sergio Arrese, salió a golpearse el pecho porque derogó esa cláusula hace dos años.

En La Pampa, en el artículo 31 de la Ley 643 se establece que "en caso de fallecimiento de un agente permanente, el cónyuge supérstite o uno de los hijos/as, en este orden, tendrá derecho a ser nombrado, sin prueba de selección, en un cargo vacante de la categoría inferior de la rama correspondiente a la especialidad y condiciones que poseía el agente fallecido, siempre que acredite conocimientos acordes a esa rama y demás requisitos necesarios para el ingreso y no desarrolle actividad en forma autónoma o cumpla tareas en relación de dependencia al momento del dictado del acto administrativo que da de baja al agente".

Rechimont afirmó a El Diario que hay varias "mentiras" alrededor del planteo. El artículo 31de la ley establece que si un empleado público fallece durante su etapa laboral, antes de jubilarse, un familiar directo, cónyuge o hijo, puede tomar ese cargo, pero siempre y cuando reúna ciertos requisitos.

"Tiene que ver con un derecho a que una familia que sufre esa pérdida siga teniendo un sustento económico. Pero hay requisitos para acceder al puesto", remarcó. En ese sentido, la norma impone que para acceder al puesto laboral se deben cumplir las siguientes condiciones:

* vínculo de consanguineidad directo.

* el familiar no debe tener otro empleo en relación de dependencia. Ni siquiera puede ser monotributista.

* No debe tener antecedentes penales.

* Debe tener menos de 60 años y el primario completo.

* Ingresa en la última categoría más baja del escalafón si no tiene, por ejemplo, un título universitario, aunque el familiar fallecido hubiese estado en una categoría más alta por tener estudios superiores.

La cantidad, otra mentira

"No es verdad que entran cientos y miles de esta manera. Son casos aislados y puntuales, no es un número significativo", aclaró Rechimont. Incluso mencionó que en algunos casos el pedido de ingreso de los familiares es rechazado por el estado por no cumplir las condiciones estipuladas.

"Sí hubo un ingreso distinto a lo normal con la pandemia. Tuvimos lamentablemente trabajadores de provincia y municipios fallecidos por Covid, esas familias tuvieron este único salvataje", rescató.

De todos modos, ratificó que "no son cientos de trabajadores los que entran en la administración pública por el artículo 31, no sucede eso". "Incluso en el sistema de Salud, los médicos o enfermeros profesionales, si el familiar no tiene la misma formación, no puede ingresar. Eso que dicen que no se comprueba la idoneidad de los ingresantes es una mentira", acotó.

Un planteo en Diputados

La Intersindical se reunirá este viernes y pedirán que la Legislatura los invite para plantear su postura sobre la iniciativa. "Lo ideal hubiera sido que la diputada que lo presentó nos hubiera consultado", dijo la secretaria de ATE.

"Quieren seguir profundizando el odio hacia los trabajadores del estado. Somos mano de obra descartable. Por un lado hablan de un estado eficiente, pero por el otro lo quieren destruir. Ese es el camino que ha iniciado el gobierno nacional y esto en la Pampa es la punta del iceberg", lamentó.

Rechimont recordó que la 643 es una ley establece obligaciones y derechos para los estatales pampeanos y el gobierno de facto, durante la última dictadura, ya hizo algunos recortes que no pudieron restituir.  "Estamos recuperando algunos de a poquito, como las licencias oncológicas que firmamos hace una semana, pero quieren avanzar y que volvamos a retroceder", denunció.

"Ocupan bancas por la democracia y se interesan en leyes para quitarnos derechos que nos dio la democracia. Y los hacen con argumentos que parten de muchos errores", contrapuso.

Por otra parte, la gremialista consideró que parte de la estrategia del gobierno libertario es "dividir a la clase obrera" y colocar a los trabajadores del sector privado en contra de los estatales. "No nos respetan la paritaria salarial, están arremetiendo contra los derechos de los trabajadores en el sector privado y las empresas para llevarlos a la precarización laboral encubierta. Ni siquiera van a pagar las indemnizaciones cuando los echen. Hay un mensaje perverso, contarnos las costillas entre los propios trabajadores", aseveró.