Un detenido en Winifreda por amenazas y agresiones a su pareja
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EL DIARIO digital
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Los representantes de constructora AKSA SAS, Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz, fueron formalizados por el delito de estafa durante una audiencia ante el juez de control Carlos René Ordas. La justicia les impuso una prisión preventiva sustitutiva y no podrán salir del país, tienen restricción de acercamiento con dos denunciantes, deben fijar domicilio todas las semanas e inhibieron sus bienes.
La denuncia la presentaron once vecinos de Santa Rosa y Toay contra los dueños de AKSA SAS. En mayo el primer denunciante reveló que el año pasado había entregado 10.000 dólares para la construcción de su vivienda, pero según la obra casi no avanzó, los materiales fueron insuficientes y el personal que trabajó era inexperto. En las semanas posteriores se sumaron denunciantes.
En la causa interviene el fiscal de Delitos Económicos Guillermo Sancho; el abogado Alvaro Ruggiero representa a siete querellantes, y los imputados Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz enfrentan cargos por estafa, según el artículo 172 del Código Penal, por hechos ocurridos entre marzo de 2021 y marzo de 2024.
Son once casos de engaño que se agravan al ser considerados como un concurso de delitos, en conformidad con el artículo 55 del mismo código. La estafa rondaría los 100 mil dólares.
La semana pasada, Andrada y Krenz fueron formalizados por el juez de control Carlos René Ordas bajo el delito de "estafa generalizada". Como sustituto de la prisión preventiva, el magistrado dispuso una serie de obligaciones y restricciones que garantizan la continuidad del proceso y la seguridad de quienes se vieron afectados por sus actos, explicaron fuentes tribunalicias.
Los imputados deben presentarse semanalmente en la Oficina Judicial, informar cualquier cambio de domicilio, y tienen prohibida la salida del país. Además, deberán entregar sus pasaportes en un plazo de siete días para evitar cualquier intento de fuga.
La inhibición general de bienes de los dos también fue ordenada, para resguardar los intereses de las víctimas y asegurar una eventual reparación del daño causado.
Finalmente, se impuso a los denunciados una prohibición de contacto y de acercamiento a menos de 200 metros, con dos mujeres denuciantes.
