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EL DIARIO digital
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La Fiscalía de Estado de La Pampa presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que convoque a una audiencia de conciliación entre la Provincia y el Gobierno nacional, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el pago de la millonaria deuda que la Nación mantiene por los déficits de las cajas previsionales. Según estimaciones del gobierno provincial, solo la deuda correspondiente a 2024 supera los 30.000 millones de pesos.
El pedido se fundamenta en la preocupación por los derechos vulnerados de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social (ISS) provincial. "La omisión en los pagos por parte del Estado nacional agrava día a día el déficit previsional de La Pampa y afecta derechos adquiridos de naturaleza alimentaria. Por ello, solicitamos con carácter urgente que se fije una audiencia conciliatoria entre las partes para resolver el conflicto con la celeridad que amerita", señala el escrito presentado.
El gobernador Sergio Ziliotto tomó la decisión en abril de acudir a la Corte Suprema para reclamar los fondos previsionales adeudados. La deuda total, sumando diferentes períodos, se actualiza a más de 90.000 millones de pesos, según cálculos oficiales. "Presentamos una demanda solicitando el pago inmediato del déficit previsional provincial", subrayó.
El gobierno provincial precisó que las auditorías del ISS, con corte al 31 de marzo de 2024, identificaron un déficit de 5.104 millones de pesos. Además, se incluyen los déficits correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023. "Del 2020 reclamamos solo la actualización, ya que los pagos fueron realizados en su momento. Sin embargo, para los demás años exigimos la cancelación completa del déficit, descontando los anticipos recibidos", explicaron desde la provincia. En total, el cálculo oficial arroja una deuda de 90.277 millones de pesos.
La demanda también cuestiona la legalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/24, que modifica disposiciones del presupuesto vigente. "Rechazamos este DNU y solicitamos su inconstitucionalidad, ya que pretende derogar normativas fundamentales como el Pacto Federal de 1999 y las leyes 27.260 y 27.701", argumentó Ziliotto.
El reclamo provincial hace hincapié en que el DNU establece modificaciones en las partidas presupuestarias que afectan de manera directa al sistema previsional de La Pampa. La demanda puntualiza que ciertos artículos de la Ley de Presupuesto 27.701 —como los artículos 92, 93 y 94— quedaron fuera de la prórroga dispuesta por el Decreto 88/2023. Esto, según el gobierno pampeano, altera de manera arbitraria el marco legal que regula la relación financiera entre Nación y la Provincia en materia previsional.
"La decisión del Ejecutivo nacional de apartarse de las obligaciones pactadas rompe con la política de Estado que protege a los jubilados, pensionados y retirados de nuestra provincia, que no se encuentran integrados al Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones", concluye el texto presentado ante la Corte.
