Lo condenaron a cinco años de prisión por romper transformadores y cortar el servicio eléctrico

Un hombre fue condenado este jueves a cinco años de prisión por haber arrojado al piso cuatro transformadores de la Cooperativa Popular de Electricidad, romper las carcasas, sustraer el bobinado de cobre e "interrumpir el normal funcionamiento del servicio eléctrico", según detalló en la sentencia el juez de audiencia santarroseño, Carlos Alberto Besi. El juicio fue presenciado por estudiantes secundarios 9 de Julio y Santo Tomás.

La condena recayó sobre Osvaldo Horacio Rubén Sotelo, de 33 años, a quien además se le mantuvo la condición de reincidente y la prisión preventiva hasta que el falle quede firme y/o sea ejecutable. A él se le probaron los delitos de robo en despoblado (cuatro hechos), concursando entre sí en forma real, y a su vez cada uno de ellos de manera ideal con el delito de entorpecimiento del servicio de energía eléctrica, en calidad de coautor.

Los ilícitos fueron cometidos entre fines de septiembre y fines de octubre del año pasado. El primero ocurrió en un predio rural de la zona de Anguil, ubicado a metros de la ruta provincial 7. Allí Sotelo arrojó el transformador que estaba ubicado sobre una base de cemento, a una altura de diez metros– y luego se dio a la fuga.

El segundo se produjo en cercanías a ese lugar, cuando lanzó al suelo otro transformador, que también estaba a diez metros de altura, y que alimentaba a un pozo del acueducto Anguil-Santa Rosa. En ambos casos actuó junto a Yamil Ali Ibrian Mansilla.

Los hechos restantes Sotelo los cometió con Franco Omar Frank y el procedimiento fue idéntico. En esos casos los transformadores estaban situados sobre la ruta nacional 5, frente al hipódromo, y en un predio de Toay donde una cadena de helados posee un depósito, en el acceso a la ruta provincial 14. En esta última ocasión al bobinado de cobre fue escondido con ramas porque tuvieron dificultades para transportarlo.

"Como consecuencia del accionar descripto, en los cuatro hechos se interrumpió el normal funcionamiento del servicio eléctrico", señaló Besi en la sentencia. Los coautores Mansilla y Frank no estuvieron en el juicio oral y público como imputados porque, previamente, habían alcanzado un acuerdo de juicio abreviado.

Ambos, al aceptar la culpabilidad, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso –y el cumplimiento de reglas de conducta por dos años– por los delitos de robo calificado por ser cometido en despoblado y entorpecimiento del servicio público de electricidad, cada uno en dos oportunidades.

Tras escuchar un largo listado de testigos y evaluar otras pruebas –como entrecruzamiento de antenas telefónicas y audios de Whatsapp–, Besi concluyó que "toda ello ubica a Sotelo en el mismo sitio donde se provocó la desconexión y caída de los cuatro transformadores de sus respectivas bases de cemento, destrucción de ellos y sustracción de los bobinados de cobre ubicados en su interior, funcionamiento éste explicado por personal de la CPE (…) Por lo tanto, voy a coincidir con la fiscalía en cuanto a la intervención activa del imputado".

Para fijar la pena, el juez consideró como agravantes que los delitos fueron "perpetrados en horas de las madrugada, todo lo cual y teniendo en cuenta las zonas en que se encontraban ubicados los transformadores, permitió un mejor y más libre despliegue en su accionar; teniendo plena conciencia, conocimiento y voluntad de su conducta ilícita". Y agregó que "los cuatro transformadores se hallaban fuera de toda vigilancia y protección".

Además, valoró negativamente que ellos quedaron "destruidos, no fueron reparados y debieron ser reemplazados por otros", al estar inutilizados; lo que le provocó un gran perjuicio patrimonial a la CPE, ya que cada uno de esos transformadores cuesta entre 4.500 y 7.000 dólares.

Durante los alegatos, la fiscala Leticia Pordomingo había requerido una pena de seis años de prisión; mientras que la defensora oficial, Mariel Annecchini, pidió la absolución de Sotelo y, subsidiariamente, que sea condenado por robo simple y reciba la sanción mínima.

El juicio se extendió durante cinco días y un grupo de 75 alumnos y alumnas de los colegios santarroseños 9 de Julio y Santo Tomás asistió a tres jornadas, en el marco del programa "Educación + Justicia", a través del cual el Superior Tribunal de Justicia promueve un acercamiento real del Poder Judicial a la sociedad y fundamentalmente a los jóvenes que están cerca de cumplir la mayoría de edad.?