Reunión de la militancia popular
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EL DIARIO digital
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En siete de las nueve localidades donde el gobierno nacional de Javier Milei aplicó la motosierra, con el anuncio del cierre de las sucursales del Banco Nación, gobiernan intendentes de la oposición, de la UCR y el PRO. Solo en dos, intendentes peronistas.
Los jefes comunales están en un brete. Tienen que salir a remar para revertir la decisión. Como en La Pampa en general, en las nueve localidades Milei se impuso durante el balotaje del año pasado. Algunos de los intendentes opositores, como Abel Sabarots o Hugo Kenny, fueron de los pocos del sector que se jugaron abiertamente en campaña y sostuvieron que Milei era su "límite" y no lo iban a votar.
Más allá de todo, tanto donde había ganado Juntos por el Cambio como donde triunfo el peronismo en las elecciones provinciales, en el balotaje se impuso Milei. En General Acha, obtuvo el 61% de los votos; en Eduardo Castex 57%, en Victorica 51%; en Bernasconi el 55%; en Colonia Barón 61%; en Guatraché 70%, en Ingeniero Luiggi 62%; en Intendente Alvear 63%; y en Winifreda 57%.
El jueves pasado se confirmó el cierre de las sucursales del Banco Nación de las nueve localidades, con la excusa de que el gobierno provincial subió la alícuota de Ingresos Brutos durante cuatro meses. Los trabajadores, el gremio y la mayoría de los sectores políticos denunciaron que es la punta de lanza para la privatización de la entidad.
En principio, el gobierno nacional anunció el cierre de nueve sucursales en forma definitiva, en el plazo de un mes, y quedarían en pie las sedes de Santa Rosa y General Pico, Macachín, Quemú Quemú y Realicó. El viernes hubo paro en las sucursales pampeanas, con abrazo simbólico y movilizaciones. En Santa Rosa, se sumaron otros gremios, representantes de partidos políticos, legisladores y un funcionario del gobierno provincial, Pascual Fernández, ministro de Gobierno.
Reacción por el daño en intendencias opositoras
Los intendentes de Juntos por el Cambio firmaron un documento repudiando el cierre, y también en las últimas horas jefes comunales de los pueblos afectados levantaron su voz.
El intendente de General Acha, el radical Abel Sabarots, rápidamente salió al cruce porque la medida perjudica a la ciudad. Los empleados de Durlock y los agentes de Gendarmería de la localidad, por ejemplo, cobran sus sueldos en la sede local. "Nos golpea en una institución tan cara para toda la zona de influencia", lamentó.
"Una medida de estas características, solo tiene sentido de un Gobierno nacional que no conoce la realidad de nuestra provincia y solo toma decisiones desde Buenos Aires. No hay motivo alguno, solo el de desguazar sin fundamentos al Estado. Es el neomenemismo. Toda la clase política, empresarial y gremial debe reclamar la suspensión de esta decisión", evaluó en un mensaje de X.
Por su parte, la intendenta de Castex, Mónica Curuchet, también de la UCR, expresó que "es una muy mala decisión" para la localidad. "Es una sucursal centenaria, con historia en la localidad de acompañamiento al sector agro ganadero", declaró en CPEtv.
"Si el motivo era Ingresos Brutos, podrían haber abierto el diálogo para llegar a un acuerdo. Ytambie?n había posibilidad de resolverlo en la justicia. Es una excusa, en el fondo quieren otro destino para el BN y comienzan por La Pampa", tiró.
La intendenta de Alvear, la radical Agustina García, contó que hay once familias que se quedarían sin trabajo en el pueblo del norte provincial. "Tiene un gran acompañamiento de la producción, con créditos para el agro y el sector ganadero. Es histórica en la localidad, uno de los edificios más viejos", expresó en el mismo canal. "La idea del gobierno van por la privatización, ya pasó con el Correo. Tarde o temprano iba a pasar", remarcó.
En Victorica, el intendente Hugo Kenny, aliancista, convocó a una manifestación para el próximo lunes. El repudio se sumará al abrazo simbólico que hicieron los empleados a la sucursal el pasado viernes. Son nueve empleados que podrían perder su fuente laboral.
El intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, firmó el documento que emitieron los jefes comunales de JxC. Algo que llamativamente no ocurrió con el intendente de Quemú Quemú, Francisco Tassone, donde los empleados de la sucursal apoyaron el reclamo de sus compañeros y expresaron su preocupación por el futuro de la sucursal propia.
Finalmente, la intendenta de Colonia Barón, Mónica Stadler, de la CIR comparte pesar con el senador de la UCR, Daniel Kroneberger, ex intendente de la localidad. Pero difieren en echar culpas: el radical pide que Ziliotto de "marcha" atrás con el aporte de los bancos al fondo solidario.
Finalmente, el intendente de Guatraché, Sergio Arrese, es un caso singular, de llanero solitario. No firmó el documento, no participa de las reuniones de los intendentes opositores, y tampoco expresó su postura en forma pública hasta el momento. La localidad que gobierna sufriría un fuerte impacto porque es la sucursal más importante del sur de la provincia.
En el PJ, cierran filas con Ziliotto
Por el lado del palo peronista, la intendenta de Winifreda Adriana García confió que la tomó por sorpresa la decisión del cierre, aunque recordó que en enero ella dijo que "esto iba a pasar" porque la idea de privatizar el BN estaba en el proyecto de la Ley Bases. "Nos causa un gran dolor. La gerenta aclaró que el banco no tiene déficit en ninguna sucursal, todas cumplieron las metas propuestas por el zonal", reveló.
"Es una extorsión política a la provincia. No queremos que nos usen de chanchito de indias, ningún pampeano se tiene que creer la excusa de Ingresos Brutos, porque son cuatro meses nada más", interpretó la winifredense.
El intendente de Bernasconi, Germán Rauschenberger, otro peronista, dijo que el cierre de la sucursal del pueblo "es muy triste, un golpe duro para la localidad". Al jefe comunal lo afecta además en lo personal: es empleado del BN, tiene licencia hasta que termine su mandato. "Es un apriete político", opinó. Y destacó la relevancia de la sucursal en un pueblo pequeño, con la lejanía de las demás sucursales en el territorio: la más cercana que quedaría sería la de Villa Iris, en provincia de Buenos Aires.
