La Pampa

Más condenas a empresas de transporte escolar por no rendir los subsidios

Por tercera vez en el año el organismo de control condena a empresas de transporte escolar por no justificar en qué gastaron el dinero que era para el salario de trabajadores durante la pandemia. 

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EL DIARIO digital

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El Tribunal de Cuentas de La Pampa condenó a tres empresas de transporte escolar a devolver parte de los subsidios que recibieron durante la pandemia de coronavirus por no justificar en que gastaron el dinero que era para pagar el salario de sus trabajadores. Nuevamente, como la semana pasada en otras sentencias, aparecen las empresas de Marisa Alvarez y Ana Maria Anzorena como incumplidoras. Ahora, se sumó firma de Estela Graciela Pundang.

En el último Boletín Oficial se publicaron tres sentencias del Tribunal de Cuentas que condenan a devolver 1.109.303,48 de pesos a las firmas de Anzorena ($255.753,67), Marcos ($738.286,39) y Pundang ($115.263,42).

Hace unos días, el organismo de contralor condenó a Anzorena a devolver $885.821,05 y a Marcos, $857.807,60. En el primer semestre del año, a Anzorena se le reclamaron $ 119.897,41 y Enrique Gabriel Marcos, $785.840,14.

Por la sentencia 2671 del 9 de septiembre pasado, el TdC formó cargo a Ansorena por $255.753,67 y a Marcos por $738.286,39. Se detalla que la empresa de Marisa Alvarez "ha presentado de manera completa la rendición, encontrándose en condiciones de ser aprobada la misma".

En las sentencias 2675 del 10 de septiembre se formuló cargo a Pundang por $105.462,50 de un subsidio total de $239.075,75. Mientras que por la sentencia 2676 deberá devolver $9800,92 de un subsidio total de $382.607,75.

Las sentencias del TdC fueron publicadas en el último Boletín Oficial y las firmas tienen 10 días para efectuar el pago o les queda la posibilidad de presentar un Recurso de Revocatoria y presentar la documentación que respalde el gasto efectuado.

Al tratarse de un subsidio, las empresas no debían reintegrar esas sumas, pero sí tenían la obligación de rendir la inversión en un plazo de 15 días hábiles. Al no hacerlo, o hacerlo parcialmente, el organismo de control de los gastos del Estado -Tribunal de Cuentas- hizo valer su poder de policía para que los fondos no rendidos sean regresados a las arcas del Estado.

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