Se viene el "Bingo del Jubilado"
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EL DIARIO digital
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Un padrastro fue condenado este jueves a ocho años de prisión por ser autor del delito de abuso sexual de una persona menor de 13 años, con acceso carnal vía vaginal agravado por la convivencia prexistente con la víctima, todo ello como delito continuado.
La víctima fue una hija de su pareja y los hechos se enmarcaron en las leyes 26485 de Protección integral contra las mujeres y 26061 de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La sentencia fue dictada por la jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Flavia Ongaro, quien además resolvió notificar a los padres de la víctima, mantener la medida sustitutiva a la prisión preventiva que regía contra el acusado –prohibición de contacto y acercamiento con la niña y sus abuelos paternos– y proceder a la detención inmediata del imputado una vez que el fallo quede firme.
La magistrada dio por probado que el padrastro abusó de una hija de su pareja cuando la niña tenía entre seis y diez años y que ello ocurrió en dos viviendas que compartía el grupo familiar.
El caso se originó en 2018, por una denuncia de la abuela de la menor ante la Fiscalía y con intervención de la Oficina de violencia doméstica. La madre de la niña, su padrastro y el grupo familiar se encontraban en General Pico y luego regresaron a Toay. Allí tomó parte la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos (OAVyT).
En aquel momento, la víctima no se encontraba en condiciones de declarar en Cámara Gesell, principalmente por interferencia de su madre en los espacios de escucha. La guarda de la menor quedó a cargo de su abuela y de su padre, ex pareja de la madre
En 2022, la víctima relató a una compañera de la escuela que sufría abusos por parte de su padrastro, pero fue hasta 2023 donde se pudo comprobar la existencia del delito.
Además, la familia perdió la tenencia de otros tres hijos, todos del imputado.
Durante los alegatos de cierre, la fiscala María Cecilia Molinari había requerido que el padrastro sea condenado por la misma figura penal que finalmente impuso Ongaro y pidió una pena de prisión de 12 años. La apodera legal de la querella, Aldana Belén Prost, adhirió a esa postura; mientras que la defensora oficial, solicitó la absolución por entender que la acusación había adolecido de imprecisiones.
Si bien el acusado no declaró durante el debate oral, al concluir y cederle la última palabra, expresó que "jamás violé a (…), jamás fui un tipo golpeador. Vengo aguantando esto desde hace cinco o seis años, toda mi vida trabajé (…) y no pienso fugarme porque camino con la frente bien limpia".
La jueza, al fijar la pena, aplicó el mínimo previsto para el delito (ocho años) al considerar que "las situaciones puntualmente mencionadas desde el Ministerio Público Fiscal y la querella, para solicitar el apartamiento del mínimo punitivo, no acreditaron la excepcionalidad exigida".
