Bensusán se descargó contra la reunión de Milei en Olivos: "es perverso"
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EL DIARIO digital
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La EUDR 1115 busca restringir la entrada a los mercados europeos de productos agrícolas asociados con la deforestación, exigiendo a los exportadores pruebas fehacientes de que sus mercancías no contribuyen a este problema. Aunque la intención es proteger el medio ambiente, su aplicación presenta varios inconvenientes para los productores argentinos y del Mercosur, por lo que, funcionaría en la práctica como una barrera para-arancelaria injusta, que en nada contribuye a la sostenibilidad de los agroecosistemas.
Implementar sistemas de trazabilidad para certificar la producción libre de deforestación implica inversiones en tecnología, monitoreo y auditorías. Para pequeños y medianos productores, que constituyen una parte considerable del sector agropecuario en Argentina y el Mercosur, estos costos pueden ser prohibitivos, afectando la rentabilidad y la competitividad de sus productos.
La normativa EUDR 1115 no considera las diferencias geográficas y ambientales entre los países productores. En muchas regiones de Argentina, como la Pampa húmeda, la producción agrícola no está asociada a la deforestación, ya que se lleva a cabo en zonas agrícolas históricamente cultivadas. Sin embargo, la normativa aplica de manera uniforme a todos los productores, generando una carga injusta para aquellos que no contribuyen a la deforestación. Del mismo modo no tiene en cuenta las leyes nacionales donde en algunas regiones se permite el desmonte legal, con los permisos del caso.
El Mercosur es una de las regiones más importantes en la producción de soja, carne y otros productos agrícolas, compitiendo con países como Estados Unidos y Australia. Al imponer restricciones adicionales a los exportadores de la región, la EUDR 115 podría desviar las exportaciones hacia mercados alternativos que no tienen estas exigencias, disminuyendo la competitividad en el mercado europeo.
Aunque la normativa apunta a combatir la deforestación, su enfoque sobre la producción agrícola en regiones específicas no aborda las causas estructurales de la deforestación global, como la explotación maderera ilegal, la expansión urbana y el cambio climático. En este sentido, es una solución parcial que no resuelve el problema a nivel global, mientras que impone cargos desproporcionados a los productores.
La plataforma VISEC busca certificar a los productores de soja y carne como libres de deforestación, ofreciendo a los mercados internacionales un estándar supuestamente superior en términos ambientales.
VISEC centraliza la certificación de productos bajo su propio sistema, lo que crea una dependencia de los productores con esta plataforma para acceder a mercados internacionales. Esto pone en manos de un ente privado o externo el control sobre la legitimidad de la producción agropecuaria argentina, limitando la soberanía y autonomía del productor en cuanto a las prácticas agrícolas.
El cumplimiento de los estándares de VISEC requiere costos adicionales que no se compensarían con los precios de venta en los mercados internacionales, erosionando los márgenes de ganancia y dificultando la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias.
Enfocarse en la exportación de productos certificados bajo VISEC podría desviar la atención de los mercados internos y regionales, donde no se exigen estos estándares. Esto podría llevar a una dependencia excesiva de mercados que imponen barreras y dejar desatendidos otros mercados potenciales, debilitando la diversificación comercial de los productores.
La adopción masiva de VISEC podría fragmentar al sector agropecuario entre aquellos que logran cumplir con los exigentes requisitos y aquellos que no, generando una división interna en un momento en el que la unidad del sector es crucial para enfrentar desafíos como los cambios climáticos, las fluctuaciones de precios y la presión política.
El Mercosur debería negociar con la Unión Europea y otros socios comerciales acuerdos que reconozcan las particularidades regionales y ofrezcan incentivos para la producción sostenible, sin imponer costos adicionales. Esto puede incluir mecanismos de compensación para pequeños productores o acuerdos sobre tecnología y cooperación técnica para mejorar las prácticas agrícolas.
El Mercosur con Brasil y Argentina a la cabeza puede desarrollar sus propios sistemas de certificación, ajustados a las realidades locales y controlados por los gobiernos y asociaciones de productores. Esto permitiría mantener el control sobre las prácticas agrícolas y evitar la imposición de estándares ajenos.
En definitiva, la normativa EUDR 1115 y la plataforma VISEC, aunque impulsadas con la intención de promover la sostenibilidad y reducir la deforestación, imponen costos y barreras comerciales injustas a los productores agropecuarios de Argentina y el Mercosur. Afortunadamente hoy en día adoptarlas o no hacerlo resulta opcional, quedando a criterio de cada individuo que actitud tomar al respecto. A prima facie significaría perder autonomía, incrementar costos y reducir la competitividad en mercados claves, sin que se logren soluciones efectivas al problema global de la deforestación.
