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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) – El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto que pretende modificar una ordenanza de 2019 con la que se compelió a los comercios al retiro de los carteles "tipo bandera", para lo cual tuvieron un plazo de casi cinco años, mientras que el municipio los intimó a hacerlo con fecha límite el próximo 25 de octubre. Los ediles opositores apuntan a "aliviar" la situación económica de los comerciantes y, para ello, proponen permitir la permanencia de dichas estructuras con la condición de la presentación de estudios que certifiquen su seguridad.
Eugenia Forte y Marcelo Capellino presentaron el proyecto que modifica la Ordenanza 220/19 (promulgada en 2020), la cual establece quitar los llamados carteles "tipo bandera", normativa originalmente pensada para embellecer y ordenar el espacio urbano de la ciudad. En esa línea, los ediles radicales aseguran que las circunstancias económicas dificultan la capacidad de los pequeños y medianos comerciantes para cumplir con esa medida.
"Nosotros desde la UCR siempre hemos apoyado el desarrollo urbanístico de General Pico, pero hoy la realidad nos obliga a revisar lo que en su momento parecía una solución. Los comercios de nuestra ciudad están en crisis, y necesitamos una normativa que no los ahogue más", expresó la concejala Forte.
Según la edila, más de un centenar de comerciantes se encuentran en una situación de incumplimiento porque el costo de retirar los carteles supera, en muchos casos, el millón de pesos, una cifra que resulta imposible de asumir en el actual contexto económico.
El proyecto presentado busca modificar el inciso 132.2 del Anexo I, Título 11, de la Ordenanza 220/19, prohibiendo la instalación de nuevos carteles "tipo bandera" pero ofreciendo una alternativa para los que ya existen. "Proponemos que los comerciantes puedan renovar anualmente el permiso para sus carteles, siempre que presenten un aval técnico de un profesional habilitado y contraten un seguro de responsabilidad civil. Esto garantiza la seguridad y el orden, pero sin perjudicar a los negocios que ya están muy golpeados", explicó Forte.
Subsistir
Por su parte, el concejal Capellino subrayó la importancia de encontrar un equilibrio entre el embellecimiento urbano y la sostenibilidad económica de los comercios. "Queremos que General Pico sea una ciudad ordenada y bonita, pero también una ciudad con comercios que puedan subsistir. Hoy muchos negocios están al borde del cierre porque no pueden hacer frente a estos costos, y eso es algo que debemos atender como concejales. Este proyecto busca precisamente brindarles una solución", afirmó.
Desde la sanción de la ordenanza original, los comerciantes tuvieron un plazo de cinco años para adecuarse a las nuevas normativas sobre carteles, un periodo que, en circunstancias normales, habría sido suficiente. Sin embargo, los ediles opositores entienden que la situación económica del país ha cambiado drásticamente desde entonces, con una serie de crisis que han limitado las posibilidades de los dueños de negocios para cumplir con estas exigencias.
"Cuando se sancionó esta ordenanza, nadie imaginaba que íbamos a atravesar una pandemia, una crisis inflacionaria sin precedentes y un aumento desmedido de costos operativos. Hoy, para muchos comerciantes, simplemente no es posible cumplir con la norma", justificó Capellino.
La propuesta no solo busca flexibilizar la normativa, sino también abrir un canal de diálogo con los comerciantes afectados. En este sentido, ambos concejales han destacado la importancia de que el municipio acompañe a los empresarios locales en este proceso de adaptación.
Informe
El proyecto establece que, para mantener los carteles existentes, los comerciantes deberán presentar un informe anual avalado por un profesional matriculado y cumplir con los requisitos de seguridad estructural y responsabilidad civil. "Queremos que los comercios sigan funcionando, pero sin comprometer la seguridad ni la imagen de la ciudad. Sabemos que los comerciantes están dispuestos a adaptarse, pero necesitan más tiempo y una normativa que los acompañe", indicó Forte.
Con esta iniciativa, los ediles radicales esperan abrir una discusión en el Concejo Deliberante que permita una solución justa y equilibrada para todos los sectores. "Estamos convencidos de que este es el camino para seguir construyendo una ciudad que crezca en armonía, pero sin dejar a nadie atrás", concluyeron.
