No desalojaron a las mujeres que ocuparon viviendas en Toay

El Poder Judicial inició una causa por usurpación a dos mujeres que ocuparon viviendas municipales en el barrio Los Profesionales, en Toay, pero no ordenó que sean desalojadas. La denuncia la impulsó la Municipalidad de esa localidad, que no le brinda asistencia de ningún tipo.

Durante la jornada del viernes, las dos jóvenes madres, Antonella Villalba y Melani López, fueron formalizadas en el Centro Judicial de Santa Rosa y quedaron acusadas del delito de usurpación. 

La situación que vienen padeciendo las dos jóvenes madres comenzó el 2 de junio, cuando debido a la falta de acceso a una vivienda, decidieron ocupar dos casas propiedad del Municipio de Toay que estaban deshabitadas. Las casas habían estado ocupadas hasta días antes por personal de enfermería. 

Antes de ocupar las casas, las jóvenes pidieron asistencia en Acción Social del Municipio pero se la negaron. 

Cuando ocuparon las viviendas, la Municipalidad hizo la denuncia judicial y le impidió el acceso a los servicios como luz y gas. En los primeros días, un patrullero estuvo vigilando el lugar. 

Al trascender el caso, organizaciones feministas le pidieron al intendente Ariel Rojas que se abra una instancia de diálogo para llegar a una solución. Pidieron también que intervenga la Dirección de Niñez y Adolescencia Provincial y Defensor de Niñez. 

"Esta situación de estigmatización, de criminalización de la pobreza, empezó con estas dos jóvenes mujeres, madres, a principio de junio. Es una situación muy crítica, sabemos lo que es acceder a una vivienda, hemos atravesado un crudo invierno y ellas, en resguardo de sus hijos e hijas y de ellas mismas, entraron en una casa que estaba desocupada, pero que estaba en absoluta precarización", comentó Mónica Molina, una de las mujeres que estuvo en el Centro Judicial de Santa Rosa, el viernes a la mañana. 

Agregó que "están en una situación de absoluta pobreza, necesitaban al lado que les dijeran porque hay cuestiones del formulario que no podían comprender, entonces necesitaban esa asistencia. Eso no fue posible y nosotros coordinamos una propuesta, que llevaba el defensor, estaba la propuesta de acceder a un comodato para tener un digno, esto no ha sido posible y hoy estamos en una situación que lejos de solucionar la tremenda pobreza en la que están, están con un conflicto penal porque el municipio les hace una denuncia penal".

"Nosotras apelamos a que haya una respuesta del Estado porque eso es lo que corresponde en estas situaciones y en este contexto de alta vulnerabilidad social y políticas que nos vienen arrasando en derechos. Estamos hablando de gente que no tiene para comer, que no tiene para calentarse, para hacer una comida caliente", reclamó.