La Fiscalía pidió una pena única de 7 años de prisión para Rigutto

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron penas de prisión efectiva para dos de los cuatro imputados en la causa que investiga una "organización" dedicada a la elaboración de certificados médicos para que el cirujano Jorge Rigutto mantuviera la prisión domiciliaria en una causa por abuso sexual de 2022. El fallo se conocerá el próximo 12 de septiembre al mediodía.

Este lunes se realizó la última audiencia, donde se expusieron los alegatos finales. Los fiscales Guillermo Sancho y Máximo Paulucci pidieron una pena única de 7 años de prisión efectiva para Rigutto, más una multa de 3 millones de pesos. También solicitaron 4 años y 6 meses de prisión efectiva para el forense Juan Carlos Toulousse y una multa de igual valor. En tanto, para el médico Ariel Farías y el enfermero Wiliam Tejaba los fiscales solicitaron penas en suspenso, 2 y 1 año respectivamente. 

El fiscal Paulucci fue el encargado de detallar las penas que deberían corresponderle a cada uno de los imputados. En el caso de Rigutto, pidieron 5 años de prisión efectiva por las dos acusaciones de cohecho y de falsificación de documento privado. Como el cirujano tiene una condena por coacción de 3 años de prisión en suspenso, el fiscal consideró que deberían unificarse, por lo que solicitó una pena única de 7 años de prisión efectiva. Además, si es condenado deberá pagar una multa de 3 millones de pesos y deberá cumplir reglas de conducta hasta que la condena quede firme: no podrá salir del país y deberá presentarse diariamente en una comisaría. Las medidas se tomaron ante los antecedentes que posee el médico por no respetar las prisiones preventivas en otras causas. "El imputado tiene recursos para mantenerse oculto o fugarse, como sucedió una vez que lo bajaron de un avión en la provincia de Córdoba", recordó Paulucci.     

Para el forense Toulousse, el MPF pidió una pena de 4 años y meses de prisión efectiva por los mismos delitos que Rigutto, más incumplimiento de funcionario público. "Es una pena que tiene una expectativa de 1 a 26 años, por lo que el monto solicitado es cercano al mínimo", expresó Paulucci. Y explicó que la pena incluye una inhabilitación para el médico forense, por el doble de la pena o perpetua, dependiendo porque delito lo condenan.

También deberá pagar una multa de 3 millones de pesos y la sentencia deberá elevarse a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), por su trabajo en la administración pública (donde se encuentra jubilado). Toulousse también deberá fijar domicilio y presentarse semanalmente en una comisaría.   

En cuanto al médico Farías, la fiscalía solicito 2 años de prisión en suspenso por la falsificación de documentos, inhabilitación para desarrollar su profesión por ese mismo período y se deberá informar al Consejo Superior Médico de la provincia.

Finalmente, para el enfermero Tejada solicitó la fiscalía la pena de 1 año de prisión en suspenso, inhabilitación por el mismo tiempo. 

Los dos últimos imputados también deberán cumplir reglas de conducta por 2 años si resultaran encontrados culpables. 

Obra intelectual

El fiscal general Guillermo Sancho abrió los alegatos del MPF, que se extendió por 6 horas, con revisión de los hechos investigados.

"La falsificación de los documentos es obra intelectual de Rigutto", manifestó el fiscal y aseguró que los hechos imputados están probados. 

"Hubo un esfuerzo intelectual de Rigutto para elaborar los informes y agravar su estado de salud con el objetivo de engañar al juez que decidía la continuidad de la prisión preventiva", detalló Sancho. El jue Raúl Miguez Martín primero le extendió la domiciliaria a Rigutto, pero luego pidió una junta médica para definir la situación.

En ese punto, fue clave el rol del forense Pablo Véliz, quien primero informó que Rigutto debía seguir en su casa, pero luego cambió y sostuvo que podía ir a una celda de la Alcaidía.

"El rol de Toulousse era el de coordinar la elaboración de los informes, agravarlos e influir sobre lo que hacía Véliz", dijo Sancho al Tribunal. El experimentado forense hizo el informe que permitió a Rigutto seguir con domiciliaria, pero luego Véliz ingresó al expediente y su posición era distinta. Ante la posibilidad que cambiara el informe, Toulousse hizo cambiar el informe a Véliz, pero luego, con otros peritos, firmó que Rigutto estaba en condiciones de ir a la cárcel, lo que sucedió.

En cuanto al rol de Farías y Tejada, la fiscalía planteó que ellos cargaban los datos que les decía Rigutto y nunca fueron a revisarlo. "Esto quedó probado en los audios de las conversaciones telefónicas, donde les indicaba reiteradamente que poner para empeorar su cuadro de salud", expresó el fiscal general. 

En cuanto a los testigos, el fiscal destacó el rol de Véliz, quien acudió a la justicia ante el llamado de Rigutto para "hablar de números", lo que interpretó como un intento de soborno, y también ante la influencia de Topulousse para que cambiara su informe.

Además, el fiscal reiteró que "no desconocemos las patologías que sufre Rigutto, pero quedó probado que no le alcanzaban para mantener la prisión domiciliaria y por eso querían agravarla", completó Sancho.

Finalmente, respecto a los testigos de la defensa, Sancho indicó que "no aportaron demasiado al período investigado".