"Las personas se vieron afectadas porque Díaz Lacava es un juez exigente"

"Ha quedado muy claro que Díaz Lacava no es un funcionario corrupto, no es un acosador, no es un abusador y lo que se ha suscitado es un conflicto de naturaleza laboral. Un conflicto de diferencias entre un juez que es exigente y personas que se han sentido afectadas por la exigencia", aseguró Andrés Gil Domínguez, abogado defensor del juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa en la investigación que realiza el Consejo de la Magistratura para determinar si existieron irregularidades que hagan necesaria su destitución. Esa causa se tramita en paralelo con la denuncia penal contra Díaz Lacava donde se lo acusa de maltrato laboral e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Gil Domínguez lo defiende únicamente en la causa ante el Consejo de la Magistratura. Esta semana, el presidente de la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, tomó declaraciones en Santa Rosa.

Para el abogado la ronda de testigos que declararon favorecieron al juez. "Esto ha quedado muy claro por las declaraciones testimoniales a favor del doctor Diaz Lacava, de empleados con muchos años en el tribunal, destacando que es una persona correcta, que se preocupa por el personal, muy formada y es una persona exigente". 

Intentó minimizar las acusaciones en que se trató de "un conflicto laboral cierto, pero que se tendría que haber solucionado por otras vías y no a través de una causa penal que tiene serias irregularidades. Hay muchas personas que no han sido citadas como testigos y que ahora fueron a declarar. Hay dictada una medida cautelar que fue morigerada por la Cámara Federal, que en principio le impedía al juez ejercer y esto solo se le permite al Consejo de la Magistratura de suspender a un juez".

Gil Domínguez rechazó la acusación de que Díaz Lacava violó la restricción de acercamiento. "Bajo ningún punto de vista esto ocurrió, porque el doctor tiene derecho a ejercer su defensa y estar presente en las audiencias. No obstante, para proteger y a pedido de las personas que eran testigos y denunciantes, cuando prestaron declaración, el doctor se retiró a su despacho y siguió las declaraciones vía zoom", afirmó. 

Agregó que "la fiscala Iara Silvestre cometió un serio error, un exceso jurisdiccional, un abuso de poder al solicitar al juez que declare la violación de la medida cautelar". 

"Las autoridades del Tribunal Oral Federal se tienen que preocupar por ponderar los interés en juego y de alguna manera que el juez pueda ejercer plenamente la jurisdicción y el Tribunal pueda funcionar y las personas afectadas estén debidamente protegidas", pidió. 

La causa penal contra Díaz Lacava se inició ante la denuncia por presuntos delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones.