Denuncian que Díaz Lacava violó la restricción

El juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Díaz Lacava, violó la restricción de acercamiento a ese edificio y a los denunciantes por maltratos y hostigamiento, y se presentó este jueves por la mañana en el lugar, cuando está previsto que declaren ante el Consejo de la Magistratura.

Así lo denunciaron los tres secretarios. Este jueves, el presidente de la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, toma declaraciones en Santa Rosa. En primer turno, declara otro de los jueces del tribunal, como testigo, Marcos Aguerrido. Luego el tercer integrante del TOF, José Tripputi.

Además, declaran este jueves los tres secretarios que el año pasado denunciaron al magistrado. También declaran dos empleadas que afirmaron ser víctimas de la violencia simbólica del juez.

"Una de las empleadas llegó al tribunal, cuando vio a la familia y a él afuera, se fue a su casa", comentaron fuentes tribuna licias.

Además de la causa penal que investiga el juez federal Juan José Baric, el Consejo también inició actuaciones para determinar si existieron irregularidades que hagan necesaria la destitución de Díaz Lacava. En este trámite, defiende al juez denunciado el abogado constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez, que está presente en las declaraciones.

En los pasillos del tribunal interpretaron la actitud de Díaz Lacava como un intento por intimidarlos. Desde hace meses el juez no puede ingresar al lugar porque hay una medida de restricción. Sin embargo, este jueves se presentó en el lugar, acompañado de parte de su familia. Mira las declaraciones en su despacho, por el sistema de televisión.

Doce declaraciones

En total, una docena de personas, entre ellos jueces federales, secretarios y empleadas, declararán esta semana ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación en el marco del expediente iniciado contra el juez  acusado de maltrato laboral e incumplimiento de los deberes de funcionario pública.

Las declaraciones en principio se toman entre este jueves y viernes en las instalaciones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa y está presente el titular de la comisión, Miguel Piedecasas, que lleva adelante el juicio político contra el magistrado.

 Entre las personas que presentarán declaración figuran los cuatro querellantes: Ignacio Rodríguez Berdier, secretario de Cámara; la secretaría de Derechos Humanos, Alina Trento; y el secretario de Ejecución Penal, Ricardo Sequeira González; y Norma Martínez.

Como testigos también se presentarán los jueces del TOF, José Mario Triputti y Marcos Aguerrido, quienes comparten tribunal con Díaz Lacava. Ambos avalaron las denuncias de funcionarios y empleados contra el acusado.

También declararán ante autoridades de la Magistratura: Erika Savluk, Bárbara Medwid, Laura Sosa, Mariela Eiffes, Mónica Fernández, una trabajadora ya jubilada y de extrema confianza con Díaz Lacava, y Alicia Gebel, también jubilada. Los dos últimos trabajadores, por la edad y por la pandemia, no concurrían al tribunal desde marzo del 2020.ç

La restricción

Es el primer magistrado en la historia en recibir una prohibición de contacto y acercamiento con los secretarios y personal a su cargo. La causa penal se inició en abril del año pasado, mientras que en mayo la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca dictó la medida cautelar a instancias de lo solicitado por la fiscalía.

Díaz Lacava está imputado por los delitos de amenazas en perjuicio de seis víctimas en un contexto de violencia, maltrato laboral, y para los casos de las mujeres, en un contexto de violencia de género; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud de cuatro trabajadores; lesiones graves en la salud de una persona por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley, reiterados en tres ocasiones.

La medida de restricción había sido otorgada por el juzgado federal a instancias de lo solicitado por la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, y fue sostenida en el trámite de la apelación deducida por la defensa del juez, quien había sido denunciado por el fiscal general interino ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, designado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, como coadyuvante para actuar en esta causa-.

Además, los jueces Pablo Candisano Mera, Silvia Mónica Fariña y Pablo Esteban Larriera mantuvieron la prohibición de comunicación entre el imputado y las víctimas, salvo la que se realice por interpósita persona del secretario designado por la Cámara Federal de Casación, para que el juez acusado pueda ejercer su labor.

En la resolución, el magistrado que lideró el acuerdo analizó la medida en el marco de las leyes 27.850 -Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo -, 27.372 –Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos y 26.485 –Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales-, que prevén procedimientos rápidos de actuación a fin de intervenir en la protección de las víctimas en especial situación de vulnerabilidad.

Así, los jueces sostuvieron que "a diferencia de las clásicas medidas cautelares penales que tienen por fin primario resguardar el proceso, las medidas precautorias urgentes como la aquí analizada se focalizan en resguardar a la víctima en sí, en evitar que la situación de violencia verificada se repita, escale o se agrave".

En cuanto a la protección legal en los casos de violencia contra la mujer, la Cámara consideró lo dispuesto por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará -ley 24.632-, que establece la obligación del Estado a garantizarle a las víctimas de estos hechos la protección eficaz de sus derechos en el proceso penal.

En ese sentido, los jueces indicaron como prudente el mantenimiento de la medida por "el riesgo de que se produzca una escalada de violencia informada" y porque el "particular clima de apasionamiento que se expuso en la denuncia se revela incompatible con la mesura y el buen orden que debe imperar en un tribunal de justicia".

La causa

La causa se inició ante la denuncia por presuntos delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones que Diaz Lacava efectuó contra trabajadores judiciales. Los damnificados señalaron el carácter del imputado como "dominante e intempestivo" y refirieron haber presenciado distintos actos que calificaron como "inadecuados y violentos" de parte del magistrado.

Además, los denunciantes refirieron que presenciaron sus gritos y "ataques de ira" en diferentes episodios. Describieron el destrato a distintos periodistas, a quienes el magistrado habría formulado reclamos por sus publicaciones, y a funcionarios policiales y penitenciarios, cuando comenzaron los problemas por el cupo para personas detenidas.

También señalaron que intentaron mantener sus funciones, su carrera y su sustento, y explicaron que nunca habían enfrentado al magistrado, ya que, según detallaron, "se trata nada más y nada menos que de un juez de cámara". A su vez, destacaron que fueron destinatarios directos e indirectos de la violencia del juez y que "sintieron que sin quererlo" se volvieron "cómplices" por permitir los maltratos y abusos de autoridad que este ejercía respecto de otras personas.

También puntualizaron situaciones de maltrato para con el personal de otras áreas del Poder Judicial y declararon que "el juez siempre invocaba supuestos fines superiores para descargar su personalidad irascible y violenta". Por último, indicaron que -a raíz de estos comportamientos del imputado- distintos involucrados resultaron con afecciones psicológicas.