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EL DIARIO digital
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Carlos Luján Sosa (65) está en la cárcel. Fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Griselda Cabal (31). Sosa contrató un sicario (Diego "Coco" López) para matar al empresario Eduardo Ros y el ataque salió mal: mataron a la joven pareja de la víctima original. El crimen ocurrió el 14 de mayo de 2014. En noviembre de 2015, Carlos Luján Sosa fue condenado a perpetua junto a López y Gastón Soria, quien ofició de chofer esa noche.
Pero no era la única causa en la que Sosa estaba involucrado. La muerte de Cabal aceleró otras.
El 29 de julio de 2016, el juez de audiencia, Andrés Anibal Olié, condenó a Carlos Luján Sosa a la pena de dos años y seis meses de prisión por el delito de tentativa de estafa en concurso ideal con el uso de documento privado falso y revocó la condicionalidad de la sentencia dictada por la Cámara Criminal de la ciudad de Santa Rosa, con fecha 29 de julio de 2013. El accionar de Sosa venía de antes de la muerte de Cabal.
Olié unificó la pena con la fijada en el punto primero de esta sentencia, imponiendo la pena única de cuatro años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento.
Carlos Luján Sosa se apropió e intentó escriturar un complejo de cabañas, ubicadas en la localidad de Villa General Belgrano (Córdoba). Eran propiedad del santarroseño Ricardo Raúl Crespo (entonces fallecido).
Sosa presentó en esa compra un boleto de compraventa y en la que intervino una inmobiliaria.
Para ello, se utilizó una cesión de derechos del 9 de septiembre de 2013 firmada por Ricardo Raúl Crespo (el boleto de compra venta era del 6 de septiembre) en favor de Carlos Luján Sosa, documento que resultó falso y con la cual se obtuvo la posesión de las cabañas.
Es así que, utilizando el documento falso, Sosa (junto con sus familiares) ocuparon las cabañas e iniciaron su explotación.
La maniobra "ardidosa" fue dirigida a perjudicar económicamente a los herederos de Crespo y fue ideada y ejecutada en momento en que Ricardo Raúl Crespo, se hallaba internado en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, aquejado por una enfermedad terminal. Hay otro dato de relevancia: Carlitos es enfermero y trabaja en el Molas. Al igual que otros familiares de Sosa.
Cambio de nombre
Ahora, Carlos Luján Sosa (Carlitos), de 30 años, hijo de Carlos Luján Sosa, presentó un pedido en la Oficina de Gestión Común en lo Civil en el Juzgado Nº4, a cargo de Alejandra Álvarez Burgos.
El trámite se caratula "Sosa Carlos Luján sobre cambio de nombre y/o apellido".
En ese expediente, "Carlitos" pidió la supresión del segundo nombre "Luján" y del apellido paterno "Sosa". Y pide llevar solo el apellido materno "De la CANAL".
El pedido salió publicado en el Boletín Oficial a fin "de que terceros interesados puedan formular oposición al cambio de apellido solicitado dentro del plazo de 15 días hábiles a contar desde la segunda publicación". El edicto se publicará dos veces.
El caso Rincón
Durante el juicio por la muerte de Griselda Cabal se conoció que la compra de la casa de Oscar "Vasco" Rincón el detonante de la furia de Sosa contra Ros.
El empresario acordó comprar la casa de Rincón en la calle Felgueras. Hay un boleto a nonbre de la hermana de Carlos Luján (padre), Nélida Sosa. Pero Ros se rehusó a pagar sino estaba la escritura a nombre de Sosa. La casa tiene un boleto de compra venta a nombre de Nélida Sosa y la escritura sigue con el nombre de Oscar Rincón. El ex futbolista ocupa esa casa.
Rincón denunció que fue víctima de la banda de Sosa. Le hicieron firmar un boleto con una deuda y después lo apretaron. La misma maniobra que hicieron con Ricardo Raúl Crespo. Allí ocuparon las cabañas de prepo: en el caso de Rincón, el ex hotel alojamiento "Etcétera": una patota desalojó a los albañiles que trabajaban para el exfutbolista.
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca -en agosto de 2020- ordenó investigar el supuesto lavado de dinero en la denuncia realizada por el exfutbolista Oscar Alfredo "Vasco" Rincón por la maniobra con la cual fue desapoderado de nueve inmuebles y propiedades de Villa Martita.
Los jueces Pablo Larriera y Leandro Picado aceptaron -en un fallo del 26 de agosto del 2020- la apelación del abogado Javier Torroba (patrocinante de Rincón) contra el fallo del juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, quien ordenó desestimar la causa y levantar las medidas de no innovar en el caso.
Rincón denunció ante la Justicia Federal la existencia de una supuesta banda encabezada por Carlos Luján Sosa que, mediante coacción y amenazas, le obligaron a malvender nueve propiedades.
En la denuncia apuntó a Sosa, pero además está Carlos Luján ("Carlitos") Sosa quien ahora a se quiere cambiar su nombre, Jorge Antonio Casais (sobrino de Sosa), Nélida Ester Sosa (hermana), Juan Horacio de la Canal (cuñado de Sosa) y Carlos Alfredo de la Canal (cuñado).
El juez federal Juan José Baric resolvió desestimar la denuncia presentada por Oscar Alfredo Rincón y el requerimiento del fiscal de Instrucción de entonces, Leonel Gómez Barbella.
Baric intervino cuando Nélida Ester Sosa -hermana de Carlos Sosa, condenado por el crimen de Griselda Fuentes Cabal y señalado como jefe de la banda dedicada al supuesto lavado de dinero- pidió que se levante una medida de no innovar sobre uno de los inmuebles.
Para el juez federal, la investigación no tenía avances significativos y además consideraba que la causa no remitía a delito de lavado de dinero (artículo 303 del Código Penal): es decir, no habría delitos previos por corrupción, narcotráfico o trata de personas) que afectaban el orden económico y financiero del Estado.
En todo caso -sostuvo Baric- podía haber delito de amenazas y coacción contra Alfredo Rincón.
Los bienes de Rincón -dice Baric al citar la versión de la víctima- le fueron "arrebatados mediante coacciones, amenazas y violencia hacia su persona, bajo las que fue obligado a firmar la documentación para transferirlos en algunos casos a quienes sindica como autores de tales delitos y, en otros, a terceras personas".
Consideró que en caso de comprobarse las coacciones, amenazas y violencias, "podrían dar lugar a la redargución de falsedad de las escrituras públicas firmadas por Rincón, con las consiguientes responsabilidades penales de los intervinientes, a dirimirse en el fuero ordinario".
Para Baric, mantener la investigación abierta era similar a una "excursión de pesca" con el objetivo de reparar el daño sufrido por Rincón.
El abogado Javier Torroba apeló la desestimación de Baric. Lo hizo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Expresó que "sorprende" que muchos oficios de la causa estén pendientes y que el pedido de Nélida Sosa -para transferir un inmueble- motive el cierre de la instrucción.
Pero desde agosto del año 2020, la justicia federal de Santa Rosa no hizo nada en esa causa. Se incorporó una pericia de Gendarmería Nacional que confirmaría la comisión de delitos. Pero no hubo ninguna resolución.
