Se reunió la Comisión Asesora de Fauna: continúa la caza con jauría en la provincia
El juez achense Gerardo Bonino, a pedido de representados por el Estudio Lorda, intenta que se vaya del lugar Raúl Pino, parte de una comunidad originaria protegida por normativas específicas, según explicaron voceros de ese espacio.
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EL DIARIO digital
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Está en trámite en el Departamento Puelén un desalojo en contra de las leyes vigentes que protegen a las comunidades originarias que ocupan esas tierras. Así lo confirmó a El Diario el vocero (huerquén) de la comunidad afectada, Genaro Beroiza.
La orden de desalojo es emitida por el Juzgado Civil Número 1 de la tercera circunscripción judicial, a cargo del juez achense Gerardo Bonino. Raúl Pino es el damnificado, según explicaron desde la comunidad. Pino es integrante de la comunidad mapuche Wenu Chao.
Beroza dijo que los carriles de la defensa son dos sustentos legales que "van por una vía que materializamos en una nota que vamos a presentar al juez la semana que viene".
Señaló que el desalojo fue motorizado por el Estudio Lorda, en representación de un cliente. Advirtió además por la pasividad del Ejecutivo provincial representado por Valeria Losada.
Legalmente "estamos a derecho", mediante la Ley 26.160, que en su artículo 1º declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años.
Se determinó una prórroga de esa normativa hasta el 23 de noviembre de 2021.
El artículo 2º de la ley suspende por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.
Berozia aseveró que Raul Pino , "el damnificado es beneficiario del la mencionada ley". También advirtió que "la funcionaria de gobierno responsable del área es Valeria Losada, quien a la fecha se ha llamado a silencio".
Respecto del Estudio Jurídico Lorda, Beroiza dijo que "se caracteriza por estas prácticas, en una oportunidad hablamos en la Legislatura respecto a esta situación y frenamos un avance".
Consideró "auspicioso" que desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas "estén todas las garantías, como no pasó en el gobierno de (Mauricio) Macri". Y aclaró: "No peleamos por un título de propiedad ni nos creemos dueños de la tierra, somos parte de ella.
