Berhongaray propone un día para la Lengua de Señas

El diputado nacional por el radicalismo pampeano Martín Berhongaray propuso que se instituya el 23 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Lengua de Señas”.

Sería en consonancia con la fecha adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución Nº 72/161) para la conmemoración del "Día Internacional del Lenguaje de Señas".

Se plantea en la iniciativa la importancia de difundir y enseñar el Lenguaje de Señas Argentino (LSA) como parte integrante de la identidad lingüística y de la diversidad cultural de nuestro país, y en tal sentido se promueve la incorporación de contenidos curriculares dirigidos a la comprensión y producción en Lenguaje de Señas Argentino (LSA) en el nivel inicial de todos los establecimientos educativos tanto de gestión estatal como privada.

Finalmente se establece que la administración central y los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional deberán disponer lo conducente para que sus publicaciones digitales en sus respectivas páginas web oficiales de los días 23 de septiembre de cada año, se editen y visualicen también en Lengua de Señas Argentino (LSA), con el objetivo de promover la inclusión de las personas sordas y la creación de conciencia pública sobre sus derechos.

Dijo que "a pesar de algunos avances que se han registrado en materia de inclusión, se aguardan con impaciencia mejoras significativas a nivel de reconocimiento e integración de las personas con discapacidad auditiva que estrechen aún más las brechas de las desigualdades sociales subsistentes".

Considera en el proyecto que el aprendizaje de la LSA en el nivel inicial de los establecimientos educativos "contribuirá a facilitar la comunicación y la comprensión cultural entre las comunidades de personas sordas y oyentes".

Human Rights Watch ha sostenido que el acceso al lenguaje de señas, en ámbitos como la educación, resulta fundamental en orden a brindar debida tutela de los derechos humanos, remarca la propuesta.

"Una futura etapa debiera suponer que el estado proporcione acceso a la interpretación profesional del lenguaje de señas en el ámbito de otros servicios públicos, como la atención médica o el sistema de justicia, de modo de hacer efectiva la igualdad de oportunidades para las personas sordas", completa.