Denuncian a una jueza por "estafa procesal"

El desenlace de la causa se generó luego de un remate, donde el abogado del demandante compró el 50% de los derechos y acciones de un boleto de compraventa de una casa. Inmediatamente esa parte fue vendida a otro letrado “amigo”, según reveló el abogado Aldo Walter Díaz.

Una antigua demanda civil de casi 5 millones de pesos por un caso de filiación y el posterior remate del 50% de los derechos y acciones de un boleto de compraventa de una modesta casa están a punto de convertirse en un nuevo escándalo dentro de la Justicia pampeana. “Estamos en presencia de una estafa procesal y lo vamos a denunciar en todos los lugares que corresponde hasta que encontremos justicia”, sostuvo en diálogo con El Diario el abogado santarroseño Aldo Walter Díaz.

Díaz es el abogado defensor desde hace muchos años de la familia Cantero, luego de una demanda por “paternidad” que un joven le inició en el año 1991 a Rubén Cantero pero que terminó salpicando -económicamente- a sus hermanos Javier y Stella.

Estella entró en quiebra y extendió la demanda judicial hasta que logró jubilarse. En cambio, Javier todavía enfrenta las consecuencias de ese reclamo iniciado a su hermano Rubén.

El último episodio importante ocurrió el 4 de julio del año pasado, que llevó adelante el martillero Daniel Herrera. Ese día salieron a remate los bienes muebles que los hermanos Rubén y Javier Cantero tienen para realizar la prestación de un servicio de catering y el 50% de los derechos y acciones de un boleto de compraventa de una modesta vivienda ocupada por su mujer y su hijo, cuyo valor total del inmueble ronda los 2 millones de pesos.

Con la ayuda de su abogado Díaz más el aporte de algunos amigos, Javier Cantero logró reunir una suma de dinero que le permitiera comprarse nuevamente sus herramientas de trabajo. Finalmente, logró recuperarlos.

Sin embargo, el conflicto se inició cuando salió a remate el 50% de los derechos y acciones del boleto de compraventa de la casa. Cantero “corrió de cerca” la subasta hasta la suma de 900.000 pesos, pero la terminó comprando el abogado Ricardo Fernández en representación de su cliente, Juan Francisco Cantero Monedero, iniciador del juicio de filiación a Rubén Cantero. A los pocos días, esos derechos y acciones pasaron a manos de Rodrigo Fernando Carballo, “amigo y socio de Fernández en el Club La Barranca”.

“El caso tiene irregularidades por todos lados... para empezar la jueza Pascual dicta una sentencia sin aprobar la subasta, tampoco la rendición de cuentas del martillero. Además, lo hace cuando en foja 589, con fecha de 10 de diciembre de 2018, el demandante desiste de la demanda para que siga en el concurso que tiene abierto a quien él considera su padre; y en foja 590 la misma jueza le dice que tenga por desistida la demanda”, destacó el abogado Díaz.

¿Qué hizo la jueza Pascual? El pasado 4 de febrero de este año condenó por “temeridad y malicia procesal” a los hermanos Rubén y Javier Cantero e incluso al propio abogado Díaz, de acuerdo a lo dispuesto en el “art. 37 inc. 7 del CPCC” fijando un millón de pesos en “multa” y otro millón de pesos en “honorarios”.

Además, aparece otro detalle: impuso que los honorarios que le tiene que pagar el demandante a su abogado Fernández sea solamente de 3 mil pesos. En cambio, le reguló la suma de 300.000 pesos en los honorarios que los demandados le tienen que pagar al mismo letrado.

La cuestión no quedó ahí. La jueza Pascual también rechazó el “incidente de nulidad interpuesto” y reguló otra vez un pago al mismo abogado Fernández por “su intervención en el presente incidente” en el 20% del monto de los honorarios regulados en la ejecución tramitada “en autos 79521”; y del abogado Mariano Guijarro Arzuaga (otro abogado interviniente) en el 20% “del monto obtenido en la subasta, en ambos casos con más IVA en caso de corresponder”.

“Insisto, esto, para nosotros, es una estafa procesal... por eso, junto a mis clientes, este lunes nos vamos a presentar en la Justicia para realizar la correspondiente denuncia penal y vamos a apelar el caso en la Cámara de Apelaciones”, insistió el abogado Díaz.

- ¿Qué tipo de irregularidades encontraron ustedes en este proceso?, le consultó este diario a Díaz.
- Como dije recién, hay varias. En un principio el demandante no puede vender lo que no tiene porque para empezar la jueza Pascual dicta una sentencia sin aprobar la subasta, tampoco la rendición de cuentas del martillero. Nunca bancarizaron, por ejemplo, la operación de los 930.000 pesos que supuestamente pagaron en el remate. El abogado Fernández compró en representación de su cliente y se fue del remate sin pagar un solo peso de las comisiones, sellados y todo lo que corresponde a un remate. Falsearon el boleto de la operación del 4 de julio porque ahí no se firmó nada. Yo pedí la filmación del día del remate y no me hizo lugar. La jueza Pascual tampoco abrió nunca la causa a prueba, lo cual representa una grave irregularidad. El concurso de acreedores de Javier Cantero lo lleva adelante el juez Elvio Santa María, y el concurso es foro de atracción, es decir no se puede disponer de esa plata como hicieron ellos. Ese dinero tiene que ir al concurso, y más cuando la propia jueza el pasado mes de diciembre da por desistida la demanda y el demandante desiste para que siga en el concurso. La jueza Pascual perdió toda jurisdicción al abrirse el concurso preventivo. Todas las cuestiones patrimoniales las decide siempre el juez del concurso.

- ¿El día del remate ustedes sí pusieron el dinero para la compra de los bienes muebles?
- Por supuesto, cada centavo, y lo bancarizamos como corresponde. Pero, increíblemente, el martillero usa el dinero que pusimos nosotros para cubrir lo que no puso el abogado Fernández en sellos e impuestos de la otra operación. Esa es una irregularidad tremenda. Fernández nunca pagó los sellados y comisiones de esos 930.000 pesos, se cubrieron con el dinero que pusimos nosotros para la compra de los bienes muebles.

- Usted dice que el demandante no puede hacer eso de lo adquirido, pero sin embargo lo pasó a nombre de otra persona... lo vendió.
- Sí, exactamente... cuando nosotros hacemos un planteo judicial para pedir la nulidad de la subasta nos encontramos en el expediente que el demandante había “vendido” entre comillas a un tal Rodrigo Fernando Carballo. Bueno, este señor también es abogado y, vaya casualidad, es amigo y socio del abogado Fernández en el Club La Barranca.

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