Un reclamo y un silencio de años

En la columna editorial de cada lunes, La Arena Vernácula, un repaso a algunos de los temas que quedaron de la semana que se fue.

Una de cal...

6a

El reclamo que La Pampa viene sosteniendo desde hace años en defensa de sus recursos hídricos en los más diversos ámbitos cobra ahora otro vigor y mayor legitimidad, a partir de que otras jurisdicciones provinciales comprenden el abuso en que han incurrido la provincia de Mendoza y la Nación.

La realización de un encuentro en Catriel con diversa representación y alto volumen de participación y referencia permitió un nuevo paso de la provincia de Río Negro en su acercamiento al interés que La Pampa viene sosteniendo, incluso de modo independiente de la pertenencia partidaria, ya que referentes de distintos espacios políticos que disiden en varios temas coinciden en su posicionamiento frente a esta problemática.

El planteo no tiene medias tintas: se advierte sobre el riesgo que implica para el río Colorado la continuidad de la obra de Portezuelo del Viento tal como fue tramada por las actuales autoridades, pasando por encima de las recomendaciones profesionales.

En Catriel se desarrolló una asamblea con presencia de organizaciones no gubernamentales, pero también de dirigentes con cargos en el Estado, para rechazar los avances descontrolados para la realización de la obra de Portezuelo, un emprendimiento que la provincia de Mendoza pretende encarar sin tomar en cuenta un básico estudio de impacto ambiental, y a la que el Gobierno macrista le dio aire en estos años, sabiendo que se trata además de un multimillonario negocio.

“Se ha iniciado un camino de destrucción del río”, se advirtió en esa cumbre en Catriel.

Los irregulares avances se dieron en todo este tiempo a partir de la indisimulada connivencia entre el Gobierno central y la provincia cuyana, que gobernada por el radicalismo asociado políticamente al macrismo encontró esa misma protección y complicidad a la hora de la institucionalización de la puja por el río Atuel, ya que las autoridades nacionales hicieron todo lo posible, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, para beneficiar a Mendoza.

El cambio de los tiempos políticos abre para La Pampa -y el resto de las provincias que sufrirían consecuencias por el abuso mendocino- la posibilidad de que el tema sea enfocado con mayor racionalidad y tomando en cuenta no solo la conveniencia particular de una jurisdicción, sino las necesidades e intereses de todas las que integran la cuenca.

Así como Río Negro ha revisado su anterior accionar, cauteloso pero en algún momento favorable al interés mendocino, es probable que otras provincias involucradas en el asunto reformulen su posicionamiento, ya no solo porque la razón está claramente del lado de quienes reclaman, sino también porque las autoridades que toman las decisiones políticas, surgidas del voto popular de octubre, ya no tienen un vínculo societario con el macrismo en el Gobierno Nacional.

En ese sentido puede resultar fundamental el accionar de la provincia de Buenos Aires, que en todos estos años llamativamente (o no tanto) permitió en silencio y sin reacción que su propio interés fuera pasado por encima.

...y una de arena...

6b

En la semana que se fue estallaron varias denuncias y episodios con un denominador común: el abuso sexual -y de poder- por parte de curas de la Iglesia Católica sobre personas vulnerables que formaban parte de distintos ámbitos de su propia institución.

Las víctimas pudieron vencer semejante estado de abandono y desprotección transcurridos largos años, en otro momento cultural y con varios ejemplos a mano de la posibilidad de actuar para quebrar ese pasado doloroso.

Aun así, y como reconocen personas expertas en la materia, se trata de un paso que requiere de enorme valentía y que ni siquiera garantiza resultados concretos en la intención de que haya justicia.

Los casos que se mediatizaron en la semana son tres:

- El cura José Padilla, de Intendente Alvear, fue indagado y formalizado por una denuncia por abuso sexual. La acusación la hizo un exseminarista. En el marco de esa causa se hizo un allanamiento en la iglesia Inmaculada Concepción y en el convento de Alvear. El denunciante es oriundo de Santa Elena (Entre Ríos). Además de sacerdote, Padilla es la cara visible de un establecimiento educativo, el Instituto Comercial Nuestra Señora de Luján. No se sabe que el Obispado haya tomado cartas en el asunto.

- En cambio, el mismo Obispado decidió esta vez el apartamiento del padre Hugo Pernini, de Santa Rosa, otro acusado. Un joven lo acusó por numerosos y continuados episodios ocurridos largos años atrás, y reveló que aunque puso en conocimiento a otros estamentos de la institución la Iglesia lo encubrió (mencionó incluso al entonces obispo de Santa Rosa, Mario Poli, hoy arzobispo de Buenos Aires). El joven reveló además que sabe de otros casos de abusos.

- La misma protección de la institución salta a la vista en el caso de Héctor Coñuel, quien cuando llegó a nuestra provincia -en el año 2015- ya tenía denuncias en su contra. Estuvo en General Pico y reincidió al menos en Victorica: su víctima fue una persona con discapacidad, de la que abusó reiteradamente, según la condena judicial que se conoció este año (le dieron cinco años de prisión, pero quedó en libertad hasta que la sentencia quedara firme). Sin embargo el sacerdote siguió ejerciendo y recién ahora cayó preso en Chos Malal (norte neuquino) por una vieja causa iniciada en Chubut.

Los distintos casos demuestran una similitud bien arraigada: una sistematicidad y un innegable grado de impunidad, incluso cuando hay situaciones en las que haya intervenido el Poder Judicial.

Se suma en todos los casos un comportamiento similar de parte de las principales autoridades eclesiásticas: la protección de los acusados y el silencio público.

Esa es una estrategia de la Iglesia que se sostiene incluso por parte del papa, puesto que más allá de discursos y palabras el accionar concreto no permite descubrir que la institución haya madurado en este aspecto y más bien deja la sensación de que su generalizada hipocresía beneficia a los victimarios y revictimiza a las víctimas.

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