Una reunión con mínimos avances y la mala costumbre policial

En la columna editorial de cada lunes, La Arena Vernácula, un repaso a algunos de los temas que quedaron de la semana que se fue.

Una de cal...

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La Provincia logró un compromiso por parte del Gobierno Nacional para avanzar en algunos temas relacionados con el negocio de la carne: en principio se garantizó de manera ya definitiva la posibilidad de vender cerdo sin hueso hacia el sur y se aseguró la implementación de la “territorialidad” a la hora de definir el cupo de la Cuota Hilton, lo que beneficiaría a La Pampa cuando se fijen las cifras de la exportación.

Esos fueron los resultados más alentadores del encuentro del ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, con el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, un funcionario que se mostró escurridizo y desinteresado por las temáticas que La Pampa hace tiempo tenía para plantearle: la autoridad macrista no tuvo problemas en arribar a nuestra provincia para participar de la campaña electoral, pero demoró todo lo que pudo un contacto formal con autoridades provinciales.

Sobre el asunto más importante, de todos modos, la respuesta fue negativa: Nación encontró otra excusa para sostener la barrera comercial inconstitucional que denomina “sanitaria” y que le impide a La Pampa vender carne con hueso hacia el sur del río Colorado.

Esa aduana interna viene siendo sostenida por el Gobierno Nacional con diferentes argumentos: ahora sumó la teoría de que son los mercados internacionales los que ponen esa limitación, porque supuestamente la Unión Europea y Japón sienten mayor seguridad con la aplicación del estatus que divide a la Patagonia aunque en ninguna de las regiones hay aftosa.

En ese marco, el secretario macrista también tiró sobre la mesa la posibilidad de gestionar un “ámbito de diálogo” entre las provincias patagónicas, aunque no aportó mayores precisiones sobre su concreción y no hay que abundar en las razones por las cuales la palabra oficial nacional despierta desconfianzas en nuestra provincia.

No podían esperarse de parte de los representantes del Gobierno Nacional contestaciones positivas para La Pampa, mucho menos en campaña electoral, de acuerdo a lo que ha sido la breve historia de relaciones entre ambas jurisdicciones en los últimos años.

Durante la semana que se fue se reveló que, como consecuencia de las políticas económicas nacionales pero especialmente de las conductas para con La Pampa, el registro de trabajadores y trabajadoras de la construcción se redujo en nuestra provincia al 50 por ciento: en tres años hubo 3.000 empleados y empleadas que se quedaron sin su fuente laboral como lógico resultado de la parálisis del sector.

La falta de oxígeno en la economía no es exclusiva de La Pampa, desde ya, aunque resulta tragicómico incluso en sentido histórico que otro funcionario porteño haya llegado para hacerle la campaña al “Colo” Mac Allister pidiendo que La Pampa deje de ser una “isla”, justamente una falsa metáfora que el oficialismo justicialista pretendió instalar durante años para convencerse de que los problemas nacionales podían no afectar a nuestra provincia.

Lo que padece la provincia hoy es lo mismo que sufre el resto del país: el aumento de la pobreza; la caída de las fuentes laborales; los tarifazos salvajes que castigan el bolsillo del sector productivo; la caída abismal de los salarios de las clases media y baja; el incremento del precio del combustible que sorprende y condiciona a los propios estacioneros; las políticas neoliberales que castigan a las cooperativas; el fracaso en la supuesta pelea contra la inflación, todo en combinación con su perversa naturalización y con un cínico disimulo que para no llamar mentira bautizaron “posverdad”.

...y una de arena...

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Durante la semana que se fue, hubo nuevas evidencias de esa mala costumbre policial -ya convertida en política de Estado- que es la de aplicar diversas formas de violencia institucional, basando esa ofensiva en la estigmatización, el prejuicio y siempre en ataque de las personas que menos poder económico tienen y que están más indefensas.

En esta ocasión a los efectivos policiales les salió el tiro por la culata, porque cuando quisieron abusar de su poder ante un trabajador se encontraron con que se trataba de un militante barrial que conocía sus derechos y que por eso mismo se hizo respetar y requirió de las fuerzas de seguridad las garantías más básicas.

El hecho que trascendió esta semana ocurrió en realidad el viernes anterior y ninguna de las anomalías enumeradas por el denunciante (Fabricio Zárate, con respaldo del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos) fue desmentida claramente por el subjefe Héctor Lara, quien intentó explicar lo inexplicable.

No alcanzan los dos argumentos que repitió el funcionario policial (la supuesta “actitud hostil” de la víctima y el hecho de que “no se quería identificar”) para justificar que se haya movilizado a más de 15 efectivos y que lo hayan esposado para llevarlo durante horas a un calabozo.

En ese proceso, además, intervinieron efectivos policiales sin la identificación que corresponde legalmente, y utilizando un tono pendenciero que en algunos casos no es sorpresa para la ciudadanía santarroseña, puesto que es parte de una manía bastante instaurada en la fuerza policial (con sus lógicas y destacables excepciones).

Para completar el panorama, una niña de 11 años vivió un momento traumático no solo porque detenían a su padre sin motivos, sino porque la empujaron y lesionaron; y cuando a Zárate le permitieron otra vez la libertad pretendieron hacerle firmar un documento en el que lo decían notificado de una supuesta causa de hurto en la vía pública que jamás existió ni había estado en discusión.

En síntesis: la Policía, lejos de prevenir, evitar o confrontar alguna forma de inseguridad, lo que hizo fue generarla, estimularla, potenciarla.

Sería saludable que, frente a este tipo de episodios, la respuesta de las autoridades policiales no sea la de antaño, en que el rol que les cabía era “defender a la tropa” a capa y espada: se espera en estos tiempos, con una democracia más instalada, que la institución pueda también reconocer sus errores, tomar distancia de los atropellos cometidos por algunos de sus integrantes y educar a futuro respecto de que el papel principal es cuidar a las personas y respetar los derechos humanos.

No corren buenos tiempos para esa mirada, puesto que a nivel nacional -e incluso global- reina una tendencia a dejar impune la violencia de las fuerzas armadas, pero eso no significa que esa moda signifique un avance, y al contrario es un penoso retroceso en el que La Pampa -esa provincia a la que los mismos funcionarios mencionan como el territorio en el que “somos pocos y nos conocemos mucho”- no tiene por qué incurrir.

Cuando el Gobierno Provincial resolvió el alejamiento del condenado ministro Juan Carlos Tierno del área de Seguridad -un ávido cultor de esa violencia e impunidad- se despertaron expectativas positivas (reinaba la esperanza de que el manodurismo exacerbado perdiera terreno frente a la racionalidad y los derechos), pero esa teoría ha quedado muy a mitad de camino, puesto que el cambio de nombres a cargo de la responsabilidad política de la Policía no ha generado condiciones que mejoren en ese sentido la calidad de vida de la población.

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