Alonso y el proyecto de otra Ley de Ética Pública: "Es una chance única e histórica"

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, defendió hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto para una nueva Ley de Ética Pública y aseguró que se está "frente a una oportunidad única e histórica".

Alonso -ex integrante de Poder Ciudadano- desata la furia de los kirchneristas, ya que es una de los emblemas de la lucha contra la corrupción desde su oficina gubernamental.

"Estamos frente a una oportunidad única e histórica de modernizar y actualizar un régimen que de cabal cumplimiento al artículo 36 de la Constitución y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino", destacó, tras mencionar que se cumplirán 20 años de la sanción de la ley 25.188 de Ética Pública.

La funcionaria macrista expuso en una reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara baja, donde aseguró que "el tratamiento y la sanción de esta norma son importantes e imperiosos".

Para Alonso, la necesidad de darle celeridad al tratamiento tiene que ver con dar una respuesta de Estado para "subsanar" las falencias que, a su juicio, contiene la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2013.

Sobre aquella, opinó que se trató de una "reforma parcial, negativa, escondida en la reforma judicial que fue declarada inconstitucional".

Y agregó que en dicha reforma "se recortó la información sobre declaraciones patrimoniales".

A propósito de la nueva iniciativa, Alonso detalló que se se prevén obligaciones a las autoridades de control para que monitoreen anualmente las declaraciones, cuya información deberá ser pública "en forma completa, actualizada y en formatos abiertos".

A su vez, puntualizó que se contempla la confección de un "listado anual de cumplidores e incumplidores" y sanciones para quienes "mientan u oculten" información.

Además, se fija que quienes sean candidatos a ocupar cargos públicos tengan la obligación de presentar declaraciones juradas, al igual que los funcionarios estatales designados por el Parlamento, como magistrados y auditores.

En resumen, la funcionaria señaló que el proyecto "regula de manera integral y uniforme la ética en la función publica para todos los poderes del Estado".

En este sentido, ponderó la inclusión del artículo 35 del proyecto en el que se estipula que los legisladores deberán informar a la autoridad de aplicación "los intereses privados que tengan en relación a los proyectos en cuya sanción intervengan".

Desde el kirchnerismo cuestionaron la iniciativa, a la que calificaron de "tibia" y que "queda a mitad de camino".

"Esta ley es tibia, se queda a mitad de camino y no resuelve ni la mitad de renuncias que usted archivó", le espetó la diputada del Frente para la Victoria Maria Emilia Soria, luego de la exposición de la funcionaria.

La rionegrina cargó contra el ex ministro de Finanzas Luis Caputo, a quien definió como un "delincuente de guante blanco, absolutamente protegido", y lo acusó de ser dueño de una sociedad offshore.

También cargó duramente contra el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, a quien le endilgó ser partícipe de un claro caso de "conflicto de interés".
En la misma frecuencia, su compañero de bancada Guillermo Carmona sostuvo que "la corrupción estructural es la marca de época que se ve en la actualidad, con los conflictos de intereses", y al respecto dijo que hacía alusión a "la captura de las decisiones del Estado por el establishment económico".

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