Intiman al Gobierno por pensiones de discapacidad

Denuncian que no retribuyó el beneficio a todos los afectados. Si bien la última sentencia fue apelada, la evolución de la causa no tiene efectos suspensivos sobre la medida de la Cámara.

El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8 intimó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a rendir cuentas por la deuda que tiene el Gobierno con los beneficiarios y beneficiarias de las pensiones no contributivas que fueron dadas de baja de forma intempestiva en 2016.

A partir de un pedido de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la jueza Adriana Cammarata exhortó a la ANDIS a presentar toda la documentación sobre las retribuciones adeudadas que la entidad tendría que haber empezado a pagar el 5 de abril, luego de la medida cautelar interpuesta por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Los organismos de derechos humanos denunciaron que el Estado incumplió el fallo porque no retribuyó el beneficio al total de afectados y afectadas y que no se sabe qué criterios utilizó para determinar a quiénes se les debía devolver y a quiénes no.

Si bien la última sentencia fue apelada por la ANDIS en la Corte Suprema, la evolución de la causa no tiene efectos suspensivos sobre la medida de la Cámara, que había ordenado restablecer las pensiones suspendidas o dadas de baja desde 2016. El Gobierno alegó que había pagado algunas de esas pensiones, pero nunca presentó la documentación que lo probara en la Justicia ni envió esos datos a los organismos defensores de los derechos de las personas con discapacidad.

Afuera

Eugenio Reati, director de la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) entre 2011 y 2015, puntualizó que la ANDIS asegura haber devuelto las pensiones a 3166 beneficiarios en 2016 sobre un total de 70.000 y a alrededor de 43.000 por los ajustes de 2017 sobre un total de más de 100.000, pero para él esa cuenta es insuficiente y deja a muchos perjudicados y perjudicadas afuera.

La jueza Cammarata convalidó el reclamo y citó a los funcionarios a una audiencia el próximo 20 de noviembre. En el escrito, la magistrada también aclara que se impondrá una multa de cinco mil pesos por cada día de retraso en la entrega de documentos. A diferencia de otros fallos judiciales, esta sanción recaerá directamente sobre el director de la
ANDIS, Santiago Ibarzábal, y no sobre el Estado.

El mismo jefe de Gabinete, Marcos Peña, precisó en su informe ante la Cámara de Diputados de septiembre de 2018 que el total de las bajas ejecutadas en 2016 era de 66.251. De ese total, apenas 14.387 responden a cancelaciones por “supuesto fallecimiento”. Si se restan esas pensiones, se cancelaron en total cerca de 51.864 pensiones por otros motivos y el Gobierno devolvió por las bajas de ese año apenas un seis por ciento del total.

“Tenían que devolver todas a partir de 2016, supuestamente cumplieron pero nosotros dijimos que no estamos seguros de que los beneficiarios del fallo sean solamente ellos porque Peña había dicho otra cosa durante su informe; además nunca mostraron nada y nos están retaceando datos”, subrayó Varina Suleiman, abogada de REDI.

Reati puso énfasis sobre otra cuestión problemática del accionar de ANDIS: que los funcionarios “tampoco acreditaron haberles notificado a las personas que les han rehabilitado el beneficio, por lo tanto muchas personas no saben que se les restituyó y otras a pesar de estar en el listado no recibieron ni un peso”.

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