Por falta de quórum no trataron la ley de alquileres

El debate sobre alquileres volvió a fracasar en la Cámara de Diputados. La reunión de la Comisión de Legislación General donde iban a tratarse los proyectos presentados contó con apenas diez diputados presentes y el único participante del Pro fue Daniel Lipovetzky, presidente del cuerpo.

La Cámara de Diputados fracasó en volver a la actividad en medio de la campaña electoral y a tan solo dos semanas de las elecciones del 27 de octubre. La Comisión de Legislación Penal no alcanzó el tercio necesario de asistentes para tratar ley de alquileres, que busca, entre otros puntos, lograr que los contratos de locación dejen de ajustarse únicamente por inflación, un pedido histórico de los inquilinos.

La cita fue a las 17 en la Comisión de Legislación Penal, que dirige en legislador del PRO, Daniel Lipovetzky, en la sala 3 del segundo piso del Anexo A. Se esperaba llegar a un acuerdo para emitir un dictamen único, pero la falta de quórum por un solo miembro imposibilitó la reunión.

Los cuatro proyectos que se iban a poner en consideración -entre los cuales no se encuentra el que había anunciado el Gobierno a fines de septiembre pasado, que finalmente no ingresó al Congreso- introducen modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación.

Las distintas iniciativas llevan las firmas de Lipovetzky -proyecto avalado por el Gobierno nacional-; Agustín Rossi y otros miembros del FpV; Felipe Solá, de Red por Argentina y otros legisladores del Movimiento Evita y Silvia Horne del FpV.

"Si queremos una nueva ley de alquileres tenemos que lograr consenso para tener un solo dictamen. Confío en que puede darse", sostuvo esta mañana Lipovetzky, en declaraciones a FM Concepto.

Desde la oposición, también ratificaron a Ambito la intención de consensuar un mismo texto entre los proyectos en debate para arribar a un mismo dictamen.

Aunque con algunos matices, los distintos proyectos proponen que los contratos de locación no se ajusten más solo por inflación, sino que se fijen a partir de una combinación entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) elaborado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Además, proponen ampliar los tipos de garantía, entre los que se incluyen además de la garantía real, el aval bancario, el seguro de caución, la garantía personal del locatario o del fiador -que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente- y la garantía de fianza.

En tanto, las iniciativas también proponen rever el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler. La mayor parte de ellas establece que “si carece de plazo expreso y determinado mayor, el plazo mínimo de locación para viviendas será de tres años”.

En noviembre de 2016, el Senado había dado media sanción -por unanimidad- a una iniciativa de la legisladora rionegrina Silvina García Larraburu (PJ-FpV). Sin embargo, el proyecto fue frenado en la Cámara de Diputados durante todo 2017 y volvió a reactivarse en 2018, donde consiguió dictamen de comisión a mediados de octubre. La iniciativa se fue posponiendo y el Gobierno la dejó afuera del temario de extraordinarias, por lo que perdió estado parlamentario.

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