Se cayó el “blanqueo”

El senador pampeano Daniel Lovera reunió a la oposición para ponerle freno a una iniciativa del macrismo. Antes hubo un rechazo de la cúpula de la CGT y el empresariado mostró dudas.

El senador nacional pampeano Daniel Lovera intervino para que no pudiera avanzar el proyecto del “blanqueo” laboral. El legislador acordó con los referentes opositores y la traba es un fracaso del gobierno, que pretendía avanzar con celeridad en el tema.

Lovera levantó la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social -que preside- y dejó sin efecto el tratamiento del tema. “Al no haber tratamiento en Comisión el proyecto no avanza y se resguarda a los trabajadores de ser víctimas de la coyuntura”, explicó.

La mirada opositora es que la iniciativa encerraba una maniobra para vulnerar derechos de los trabajadores. El artículo 13 del proyecto, por ejemplo, fija una indemnización del 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil por falta de registración o incorrecta registración de la fecha de ingreso o de la remuneración, en lugar de calcularla sobre el sueldo devengado, como ocurre hoy en día.

Cuestionan el inciso “d” del artículo 3 que reconoce aporte jubilatorios a los trabajadores solo por los últimos 60 meses (cinco años) de servicios irregulares, sin computar aquellos por una cantidad mayor de años de trabajo. Y advierten que el nuevo artículo 17 no impide a los empresarios utilizar los beneficios fiscales para “canjear” empleados viejos por nuevos.

De esta manera, el gobierno tendrá que esperar al menos hasta después de las Pascuas para avanzar en su plan.

Antes del freno formal al tratamiento se sabía del faltazo de la CGT y de las dudas en sectores claves del empresariado. Esa situación convenció a los legisladores de aplazar hasta nuevo aviso la convocatoria a la comisión.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, retomará las negociaciones en los próximos días para reflotar la reforma del mercado de trabajo y obtener su foto en el Congreso, un requisito exigido por el FMI en sus recomendaciones.

"No hay condiciones para que el Senado trate un proyecto que no discutimos en la CGT", le dio al portal iProfesional el abogado de la central obrera, Federico West Ocampo.

El asesor de Héctor Daer, cotitular de la entidad sindical, asegura que nunca recibió la versión oficial de las modificaciones que intentó presentar sobre tablas el martes pasado el senador de Cambiemos, Roberto Basualdo.

El distanciamiento del sector gremial obedece -dicen en el oficialismo- a los agregados de último momento sugeridos por Sica a la normativa, que en lo central prevé la eliminación de multas y la eximición del pago de contribuciones a los empleadores por regularizar o contratar nuevos trabajadores, junto con una reducción de la indemnización y los fondos destinados a la seguridad social.

El proyecto cosechó en el ámbito privado la adhesión de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) y el foro empresario IDEA.

Peor el Gobierno no pudo aún capitalizar el espaldarazo de la Unión Industrial Argentina (UIA), que delegó el análisis de los últimos cambios al vicepresidente Daniel Funes de Rioja en medio de un fuerte hermetismo.

Cuadro comparativo

La comisión que preside Lovera elaboró un cuadro comparativo sobre las principales correcciones hechas por Basualdo, entre ellas la restricción del alcance del artículo 11 por el que los empleadores que contraten nuevos trabajadores serán eximidos de las contribuciones patronales a la jubilación por el plazo de dos años desde su registración.

La nueva versión especifica que "el empleador gozará de este beneficio siempre que este trabajador produzca un incremento en la nómina de personal" y "se dejará de percibir si registra una reducción de la nómina".

El nuevo artículo 17, además, establece que las multas y agravamientos indemnizatorios previstos en casos de incumplimiento de la registración "no serán de aplicación cuando se trate de casos en los que se cuestione la naturaleza remuneratoria de un determinado concepto, la registración de encuentre realizada por un empleador solidario o directo, o se trate de programas de entrenamiento para el trabajo o inserción laboral".

De ese modo, se busca proteger a las empresas de sanciones frente al posible uso del monotributo o las pasantías y de eventuales irregularidades cometidas por las firmas contratistas o tercerizadas.

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