Salud tuvo que intervenir ante nuevas trabas para un aborto legal en el Molas

Una joven tuvo que hacer pública su situación para encontrar una respuesta desde Salud Pública. Cursa un embarazo de riesgo y dos médicas le dijeron que lo tenía que interrumpir, pero en el hospital le dijeron que era “pecado”.

Una joven de Santa Rosa se vio obligada a hacer pública una situación personal para que Salud Pública le garantizara un derecho que tiene adquirido por una ley que tiene casi un siglo: cursa un embarazo de riesgo y debe ser interrumpido porque está en peligro su salud. Pero dos profesionales del Hospital Lucio Molas le pusieron trabas con el argumento de que era “un pecado”.

El caso se difundió por una publicación que la chica hizo en su perfil de Facebook. Las idas y vueltas le demoraron 10 días un procedimiento que ya le habían recomendado y mientras está entrando en el cuarto mes de embarazo.

Ella se atendía en el sector privado. Allí detectaron que el embrión tenía demasiado líquido. Luego la derivaron con un genetista para realizarse un costoso estudio que ninguna obra social le autorizó. Por eso buscó una segunda opinión con otra profesional del sector privado, quien le recomendó ir directamente al Molas porque tenía que interrumpir su embarazo.

¿Qué pasó en el Molas? Primero la atendió una médica de guardia, quien vio el informe médico y le recomendó que vuelva "el miércoles a primera hora" para realizarse la intervención. Pero cuando regresó, otra médica de guardia le dijo que "no es para una interrupción, que es un bebé compatible con la vida y que ellos estarían pecando".

Aseguró que la encargada del área de Tocoginecología de ese momento le dijo “que el aborto no está legalizado” y se negaron a atenderla. En el final de su relato, explicó que la única opción que le quedó fue esperar a la próxima semana cuando su médico regresara.

Una solución.

Ante la difusión del caso, desde el Ministerio de Salud intervinieron e hicieron saber que le garantizarán la atención a la joven. “Se contactó a la paciente, la cual se asistía en el sector privado. La misma fue derivada al hospital ya que su obra social le niega el pago de un estudio para determinar la vitalidad del embrión. Dicho resultado podría ser causal de una ILE. Para poder realizar los estudios se requiere la negativa formal de la obra social ya que así lo exige la ley”, señalaron.

Detallaron que el próximo lunes el director del establecimiento “se reunirá con la paciente para coordinar los trámites administrativos y luego se la asistirá, porque el Gobierno cumple con la ley de la ILE”.

“A esta altura cabe aclarar que nunca se negó su atención. La obra social niega la prestación y el Estado presente la asistirá”, remarcaron en el comunicado.

Según está establecido por el Código Penal de la Nación desde 1921, a lo que se suma el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012, todas las personas que pueden gestar -mujeres, niñas, adolescentes y varones trans- tienen derecho a la interrupción legal del embarazo cuando este se encuadre en alguna de las siguientes causales: riesgo para la vida o la salud de la persona gestante, o que el embarazo sea producto de una violación o de una relación sexual no consentida.

En ese fallo de 2012 la Corte le encargó a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”. La Pampa tiene su protocolo desde aquel año, aunque recién el año pasado adhirió en su totalidad al protocolo nacional tras cuestionamientos por situaciones similares a las que ahora se denunciaron y que, evidentemente, se siguen repitiendo.

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