"Los sobrevivientes son el fracaso del genocidio"

El querellante Franco Catalini formuló este martes las réplicas a los alegatos de los represores, en el juicio de la Subzona 14 II.  Reivindicó a los testigos víctimas que testimoniaron.  “Soportaron 40 años de asedio", revalorizó.

 

“Los testigos víctimas soportaron 40 años de asedio. Son, más que nada, el fracaso del genocidio”, sostuvo este martes el abogado Franco Catalani. En nombre de las querellas, formuló la réplica a los alegatos defensivos de los represores en el juicio de la Subzona 14 II, la última palabra de parte de las víctimas que se escuchó en el debate antes del veredicto del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.

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Este martes se iniciaron las réplicas y Catalani revindicó el rol de casi 200 testigos y víctimas de la represión ilegal en la provincia que desfilaron frente al tribunal durante más de un año y medio. El debate entra en su tramo final. Este miércoles hará su réplica el fiscal Leonel Gomez Barbella y, en seguida, tendrán oportunidad los defensores de responder, de hacer las dúplicas. Luego solo faltará la hora de la verdad: la sentencia que recaerá sobre los acusados en el segundo juicio a los represores pampeanos.

Catalani aglutinó las réplicas a los defensores en diez ejes temáticos, en una exposición que insumió dos horas. Rechazó la existencia de un “guerra” como justificación de la represión, que se amparen en la obediencia debida, que la provincia fuera “una isla” donde no se cometieron delitos de lesa humanidad en plena dictadura. Ratificó que en la provincia “hubo desaparecidos” y funcionaron centros clandestinos de detención.

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El valor de los sobrevivientes

Catalani usó un tercio del tiempo de la réplica a rebatir el intento por deslegitimar los testimonios de las víctimas, que las defensas llevaron adelante cuando adujeron que fueron “guionados”, persiguen un fin económico o manipularon la memoria.

“Es absurdo decir que fueron guionados y que tuvieron contradicciones”, señaló en primer lugar. “Más allá de las lagunas o eventuales contradicciones en datos que son irrelevantes, lo real es que todos coincidieron, casi 200, en cuestiones absolutamente relevantes, como la modalidad de los secuestros, los maltratos, los sitios, los interrogatorios y las personas que cumplían funciones en el aparato represivo”, remarcó. Aclaró que las defensas no aportaron ni un testigo que los contradijera durante el juicio.

Sobre las reparaciones del daño causado por parte del estado, mencionó que “son un derecho”. Pero se preguntó “qué sentido tendría testimoniar en un juicio después de haberlas cobrado”. “Si ya fueron ejecutadas, eso refuerza el hecho de que los testimonios son veraces”, razonó. Además, aclaró que la mayor reparación para ellos son las medias simbólicas e inmateriales que pidieron en el alegato y, sobre todo, la sentencia que reafirme la verdad histórica en la disputa por su sentido, que los defensores de la represión ilegal no abandonan a pesar del paso del tiempo.

El abogado reivindicó entonces el ejercicio de memoria de las víctimas, que se sobrepusieron al encubrimiento y ocultamiento de los secuestros y las torturas que ensayó la dictadura militar. “No hay fuerza que pueda hacer olvidar una picana en la vagina o que pueda borrar de la psíquis la espera luego de un secuestro”, dijo.

“El terrorismo tuvo como objetivo imponer la realidad del supuesto ser nacional. Se propuso eliminar a toda persona que lo contradijera. El plan era borrar toda huella de ello. Era consumar un genocidio y que nadie se diera cuenta de ello. Las víctimas soportaron 40 años de asedio que intentó invalidar el sentido de sus experiencias”, revalorizó.

Y destacó que “el testigo víctima es, antes que nada, el fracaso del genocidio, es el reverso porfiado de los desaparecidos. Es el sobreviviente, porque vive y porque soportó el asedio durante cuarenta años. Es una página salvada de una biblioteca que fue intencionalmente quemada”.

“Su resistencia habría sido en vano si no los escucháramos. Le pedimos a los jueces que escuchen la voz de las víctimas”, concluyó.

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No hubo guerra

Catalani negó la existencia de una “guerra” antes y después del golpe de estado en el país, como expusieron los defensores de los represores durante sus alegatos. “Es peligroso eso. No existió una guerra, está largamente refutado”, señaló el abogado, y aludió a los numerosos fallos que rechazan esa argumentación belicista.“Aunque hubiese una situación de violencia interna eso no justifica los métodos ilegales que se utilizaron”, remarcó el letrado.

Sobre el decreto presidencial que ordenó “aniquilar” a la subversión, una coartada recurrente de los represores a lo largo de los juicios de lesa humanidad, señaló que “es inadmisible” ya que ninguna norma constitucional autoriza a iniciar una supuesta guerra por ese medio. “Para su lógica no tenía valor el estado de derecho y las leyes, pretendía justificar el uso de la fuerza y la destrucción del enemigo”, contrastó.

Además, el querellante descartó que los represores se escuden en la obediencia debida. “En un estado de derecho, la obediencia exclusiva es a la ley, no se obedece a otra persona. Más aún cuando se trata de un funcionario del estado”, replicó. Por el contrario, afirmó que “una orden que no es legal no solo debe ser desobedecida, debe ser resistida y denunciada”.

También negó que no se haya acusado a los máximos responsables de la represión ilegal, como dijeron los defensores. En es sentido, recordó que se intentó imputar al jefe de la Subzona 14,  el militar Fabio Iriart, a quien no se pudo llevar al banquillo de los acusados por su estado de salud.

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No fue una isla

Por otra parte, Catalani rechazó por “falaz” la teoría de los defensores de que La Pampa fue “una isla de paz” donde “no pasaba nada” en plena dictadura. “Un componente del genocidio es el ocultamiento”, sostuvo, en referencia al negacionismo de los acusados.

Señaló la “íntima conexión” de los represores pampeanos con el resto del aparato represivo de todo el país, y en ese sentido recordó las personas que fueron fichadas en la provincia por la inteligencia represiva y después asesinadas y desaparecidas en otras ciudades del país.

Además, defendió el concepto de centros clandestinos para denominar a la Seccional Primera de Santa Rosa, por ejemplo, a pesar de ser un sitio “conocido”, como mencionaron los represores para intentar invalidar ese concepto. Catalani explicó que esa denominación obedece a que allí se ejecutaron detenciones “de forma ilegal”.

También refutó el relato del exjefe de la Policía durante la dictadura, Luis Baraldini, respecto a que no hubo desaparecidos en la provincia. “Sí hubo desaparecidos en La Pampa, porque fueron detenidos ilegalmente y cuando se preguntó por ellos, fueron negados, sus familiares no sabían dónde estaban. Eso es una desaparición forzada, más allá de que después aparezca con vida”, confrontó.

Por otra parte, fustigó a los defensores de los represores que se atrevieron a poner en duda el número de 30 mil desaparecidos, una de las banderas de los organismos de derechos humanos del país, para recordar que la búsqueda e identificación de las víctimas ni siquiera ha concluido después de cuatro décadas de la dictadura.

“Los hechos no fueron aislados, se ejecutaron en el marco del estado terrorista que se implantó en aquella época en el país. El designio era eliminar las personas sindicadas como subversivas, por sus actividades ideológicas, militancia política, social o gremial”, completó.

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El rol del médico

Catalani tuvo un párrafo aparte para reafirmar el rol que asumió el exmédico policial acusado en el juicio, Máximo Pérez Oneto. “En un centro de detención legal los médicos están para certificar la salud, para que no le puedan endilgar al centro una responsabilidad que no tiene”, señaló. Y explicó que en un centro de detención “ilegal” el facultativo cumplió “la misma función, mantener con vida al detenido para ver si se le pueden sacar más información”.

“Los médicos cumplían ese rol, se dedicaban a monitorear la salud de la víctima para ver hasta dónde podía ser exigido física y síquicamente”, acotó.

Prescripción

En parte de su réplica, Catalani defendió la forma en la que actuó la justicia federal y la validez de los juicios en curso. Además, rechazó el pedido de prescripción de los delitos que hicieron algunas de las defensas. “Fue el estado el que cometió los crímenes y el que intentó ocultar todo. Argumentar que tardó mucho en juzgar, nos parece un argumento insidioso”, contrapuso.

Los alegatos

En los alegatos del juicio las defensas ya pidieron absoluciones. Y la fiscalía y las querellas duras condenas. El fiscal solicitó las máximas penas previstas por las normas. Reclamó al tribunal la revocación de las prisiones domiciliarias y que las penas se cumplan en cárcel común. Pidió una condena de 25 años de prisión para el exjefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura, Luis Enrique Baraldini. Y la misma pena para el médico Máximo Pérez Oneto, que controlaba las sesiones de tortura de las víctimas, y para el exmilitar Néstor Greppi, que era secretario general de la Gobernación del gobierno de facto.

Además, la Fiscalía solicitó 22 años para los represores Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Atos Retha y Carlos Reinhart. Para Oscar “Miseria” López y Juan Domingo Gatica pidió 20 años de prisión. También requirió 18 años de castigo para el represor Hugo Marenchino, 14 para Jorge Quinteros, 12 para Luis Horacio Lucero y 10 para Orlando Osmar Pérez y Miguel Ángel Ochoa.

En el segundo juicio a los represores pampeanos quedaron catorce represores en el banquillo de los acusados. En el transcurso del debate quedó fuera del juicio por razones de salud el excomisario Roberto Fiorucci, que ya fue condenado en el juicio de 2010. Salvo el expolicía Reinhart -aún cumple la primera condena-, el resto de los acusados está en libertad o con prisión domiciliaria.

El tribunal está integrado por los jueces Pablo Díaz Lacava, José Tripputi y Marcos Aguerrido. Este es el segundo juicio a los represores pampeanos. En 2010 se llevó a cabo el primer debate, aunque solo contempló a 28 víctimas. Desde agosto del año pasado se está llevando adelante el segundo juicio por 234 víctimas.También se prevé un tercer juicio. Hay varios procesados en el expediente que lleva adelante el Juzgado Federal. Involucrará a víctimas que quedaron fuera de los dos juicios previos y también se juzgarán los delitos sexuales perpetrados durante las detenciones clandestinas en plena dictadura.

También se prevé un tercer juicio. Hay varios procesados en el expediente que lleva adelante el Juzgado Federal. Involucrará a víctimas que quedaron fuera de los dos juicios previos y también se juzgarán los delitos sexuales perpetrados durante las detenciones clandestinas en plena dictadura.

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