El exfiscal Fassina entró al expediente "para ir aprendiendo"

Comenzó el juicio a dos exfsicales acusados de ingresaron al sistema con sus claves y revisar un legajo de una sucesión de antiguos clientes. Los echaron en noviembre de 2015.

El exfiscal Fernando Iván Fasina declaró que había ingresado a un expediente judicial a través del sistema informático “para ir aprendiendo” su función y negó que haya sido para espiar el legajo para sacar información de un cliente que había tenido en la actividad privada. De esa forma intentó defenderse, este martes, en el inicio del juicio oral y público que se le sigue junto a la exfiscal de General Acha, Romina Valeria Fernández. Ambos fueron echados de sus cargos por espiar legajos durante el ejercicio de su función. Eran fiscales sustitutos y están acusados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Tribunal de Audiencia está integrado por Alfredo Daniel Sáez Zamora, Carlos Alberto Besi y Alejandra Flavia Ongaro. El fiscal general Guillermo Sancho lleva adelante la acusación. Fassina ejerce su propia defensa. Y los abogados José Mario Aguerrido y Máximo Ramón Pérez Florez defienden a la otra imputada.

Los exfiscales Fernando Fassina, de Santa Rosa, y Romina Fernández, de General Acha, están imputados de espiar legajos que no estaban bajo su órbita, aparentemente para brindar información a clientes que tuvieron en la actividad privada. La denuncia se inició a fines del año 2015, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) echó a los abogados, a pedido del procurador general Mario Bongianino por las irregularidades detectadas “en el sistema informático de tramitación de legajos del Ministerio Público Fiscal”, señaló Sancho. Según la investigación preliminar, los dos exfiscales acusados ingresaron al sistema con sus claves y revisaron un legajo de una sucesión de antiguos clientes. Los echaron en noviembre de 2015.

“Mirábamos todo”

Durante la audiencia de este martes, Fassina aceptó declarar para dar su versión de los hechos. En primer lugar, intentó justificar la conducta que se le reprocha, haber ingresado a expedientes en los que no intervenía directamente, con la excusa de que alguien le había dicho que podía hacerlo para "ir aprendiendo" su función. “Mirábamos todo”, aseguró.

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Además, negó que conociera a las personas involucradas en el expediente, los familiares de una persona de apellido Crespo y Carlos Luján Sosa, “ni tampoco los negocios espurios que tenían”.
"Me enteré por los medios que estaba involucrado en este hecho", dijo. Y contó que cuando llegó a la Ciudad Judicial le preguntó a los fiscales “qué pasa con todo este despelote” y el fiscal general Guillermo Sancho lo acusó directamente de haber sido quién ingresó al sistema sin autorización. Fassina solo reconoció que había entrado a un expediente que, dijo, tenía asignado por turno.

Por otra parte, la ex fiscal sustituta Romina Fernández también decidió declarar ante el Tribunal. Reconoció haber ingresado a los legajos con su clave, tal cual como se la acusa. "Estaba aterrorizada de haber accedido", dijo. Y juró que “jamás” transmitió información de los expedientes a las personas interesadas."No sabía que no podía entrar a una causa", manifestó.

También dijo desconocer la vinculación que pudieran tener las personas involucradas en el expediente con Carlos Luján Sosa, la persona condenada por haber sido el autor intelectual del asesinato de Griselda Fuentes Cabal, pareja del empresario santarroseño Eduardo Ros. Su abogado defensor, José Mario Aguerrido, consideró que "estamos lejos de un delito" al considerar la conducta de su defendida.

Durante la lectura de la acusación, el fiscal general Guillermo Sancho sostuvo que "hubo un interés personal" de los dos exfiscales al espiar los legajos. “Los ingresos no se debieron hacer, aunque el sistema no lo prohíba”, remarcó.

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Testigos

Este martes declararon varios fiscales, Oscar Cazenave, Walter Martos, Yanina Massi, Cecilia Molinari y la auxiliar del MPF Silvana Rodríguez. En térmnos generales, dijeron que entran al sistema a mirar legajos cuando tienen razones funcionales para hacerlo. Sin embargo, los defensores hicieron preguntas para que quedara claro que al sistema puede tener acceso cualquiera de los miembros del ministerio, prácticamente en forma irrestricta.

Este miércoles y jueves continuará el desfiles de testigos. Y el viernes están previstos los alegatos de las partes. La pena por este tipo de delito puede ser de un mes a años de prisión. Es excarcelable. Prevé el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Echados

Cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia, a pedido del procurador general, Mario Bongianino, dejó sin efecto el 23 de noviembre de 2015 las designaciones de ambos fiscales sustitutos. Bongianino -a partir de un informe del fiscal general Guillermo Sancho- había sugerido eso ante “posibles irregularidades cometidas por los funcionarios sustitutos citados”.
El 12 de noviembre de ese año se habían iniciado actuaciones administrativas y una investigación fiscal preparatoria.
Según se detectó, los exfiscales ingresaron por el sistema informático del Poder Judicial a legajos que no estaban a su cargo, vinculados a una sucesión en la que ellos actuaron como abogados particulares. Se sospecha que pudieron alertar a sus antiguos clientes.

Según la investigación preliminar, Fassina y Fernández ingresaron al sistema con sus claves y revisaron un legajo de una sucesión de antiguos clientes. La sucesión que revisaron pertenece a una familia de apellido Crespo, que estaba en litigio con Carlos Luján Sosa, uno de los condenados -como autor intelectual- en el crimen de Villa Martita, donde fue asesinada Griselda Fuentes Cabal y resultó herido el empresario Eduardo Ros, en el marco de un ajuste de cuentas por un negocio inmobiliario.

La sospecha es que los entonces fiscales sustitutos pudieron haber filtrado información de la sucesión, en la que Sosa estaba denunciado -y luego fue condenado- por haber fraguado documentos para quedarse con una propiedad de la familia Crespo en Córdoba. Se comprobó que los papeles aportados por Sosa eran falsos y que hubo una estafa porque el padre de los herederos nunca firmó.
Fassina y Fernández patrocinaban en su momento, antes de ser fiscales, a distintas personas en la causa de la sucesión.

En el sistema informático, Fassina ingresó a un espacio donde “no había nada adentro con lo que podría alertar a alguien, solo que tenía vinculación con la documentación de la sucesión”, y Fernández entró al legajo donde hay una intervención telefónica que sí tiene importancia para una causa, según se informó en su momento.

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