El Gobierno ya limita el acceso a la información pública, un «retroceso en transparencia» según expertos

El Gobierno está limitando el acceso a la información pública, un contexto que algunos expertos catalogan como un "retroceso en transparencia". El reciente Decreto Nacional 780/2024, firmado por el Presidente Javier Milei, registra cambios en el acceso a la información pública. Fernanda Bernabé, Coordinadora Nacional Red Académica de Gobierno Abierto expuso en el medio Memo la posición de la Red Académica de Gobierno Abierto de Argentina, el Instituto de Gestión Pública de la Universidad Champagnat y el Centro de Estudios de Estado e Innovación Pública de la Universidad Nacional de Cuyo.

Habló en nombre de los profesionales que conformaban esas instituciones, quienes consideran que esta ley llega con cambios considerables restringiendo el acceso a la información. Abarca aspectos privados de los funcionarios argumentando la protección de la privacidad y la prevención de situaciones realizadas con mala fe. No obstante, los expertos estipulan que representa "un debilitamiento considerable" a la transparencia que debe acompañar a la democracia.

Bajar el alcance del concepto de información pública, excluyendo contenidos que podrían ser de interés público, la capacidad del ciudadano/a para controlar qué están haciendo sus dirigentes. Exponen, además, que la ley excluye del foco público contenidos que serían de interés nacional. Siguiendo esta misma línea, señalan que estos cambios "contradicen los compromisos internacionales adquiridos por Argentina".

El Gobierno toma una drástica decisión con la información pública

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y organismos como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) también tomaron en su momento un ferviente compromiso con la transparencia y el acceso a la información. Bajo estas circunstancias, se aboga por un acceso "más robusto y abierto a la información".

Subrayan que el acceso a la información pública es un pilar crucial para que las instituciones rindan cuentas y los ciudadanos/as puedan verificar la calidad de su gestión. Destacan que "la incorporación de la figura de 'buena fe'" como condicionante para influir en la información es una estrategia preocupante que podría usarse para obstaculizar o desestimar peticiones legítimas.

Este escenario se suma a los estrictos requisitos burocráticos con los que se encuentran los usuarios a la hora de acceder a determinadas informaciones. De esta manera, se desalentaría a los ciudadanos/as a ejercer su derecho y revertir años de progreso.

De manera adicional, algunas excepciones tienen que ver con la divulgación de información vinculada con rutinas de los funcionarios o datos que pueden generar daño. Excepciones en las que ponen el foco los expertos, alertando de que pueden llevar a "una subjetividad peligrosa". Esta tendría como consecuencia interpretaciones arbitrarias y discrecionales.

Reparan en que la protección de datos sensibles "es comprensores". Sin embargo, consideran que el planteamiento facilita la instauración de la opacidad gubernamental.

¿Qué dice la nueva ley de información pública aprobada por el Gobierno?

La nueva norma estipula que el Estado no está obligado a otorgar datos que "por su propia naturaleza" forman parte del "ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica".

El decreto publicado añade un artículo de "buena fe", uno de los más preocupa a los expertos mencionados. Establece que la vulneración al "principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación". Este artículo habilita que los jueces impongan "indemnizaciones" a las personas que ejerzan un ejercicio incorrecto del derecho, entre otros aspectos.

En definitiva, la intervención del Gobierno en la información pública ha puesto en alerta a varias instituciones que se cuestionan si supone un "retroceso en transparencia".