Barreras estructurales al agregado de valor en el agro argentino

El rumbo económico del gobierno ha delineado un nuevo paradigma basado en la eficiencia productiva. En este contexto, aquellas actividades que no generen una creación de valor sustentada en ventajas comparativas sean estas naturales, humanas, logísticas, tecnológicas o comerciales, se verán comprometidas, con un alto riesgo de inviabilidad en el mediano plazo.

El sector agropecuario argentino, caracterizado por su resiliencia y capacidad de adaptación a un entorno históricamente adverso, se encuentra en una posición privilegiada para afrontar este desafío. Durante décadas, las retenciones a la exportación y una política económica sesgada han obligado al agro a operar con márgenes ajustados y eficiencia extrema, dotándolo de una competitividad intrínseca. Sin embargo, la transición del modelo basado en la exportación de commodities hacia una estrategia de mayor agregado de valor enfrentó, y aún enfrenta, obstáculos estructurales de considerable magnitud.

El caso paradigmático es el del maíz. Diversos especialistas y analistas del sector sostienen y repiten hasta el cansancio, la tan mentada idea de que transformar el grano en carne, leche, huevos o energía permitiría mejorar la rentabilidad. A pesar de lo atractivo de esta propuesta en términos teóricos, su implementación práctica enfrenta barreras de entrada que desincentivan la inversión.

A continuación, se detallan las principales restricciones que obstaculizan la consolidación de una matriz productiva de mayor valor agregado:

1. Barreras Económicas, Financieras e Impositivas

Cualquier emprendimiento orientado a la transformación del maíz u otro comoditie, ya sea en sistemas pecuarios (feedlot, tambo, porcinos, avicultura, etc.) o en bioenergía, requiere inversiones de gran magnitud en infraestructura y equipamiento. Estas inversiones suelen representar capitales de difícil recuperación y carecen de flexibilidad para adaptarse a otras actividades en caso de un cambio de rumbo en las políticas económicas. Galpones, sistemas de ordeñe automatizados, plantas de balanceado y biodigestores son ejemplos de activos altamente específicos cuyo repago depende exclusivamente del éxito de la actividad proyectada.

El acceso al financiamiento es otro factor limitante. En un país con tasas de interés elevadas y crédito escaso, la tasa interna de retorno (TIR) de estos proyectos se ve seriamente afectada. Incluso considerando tasas de descuento conservadoras, resulta difícil justificar la inmovilización de capital frente a alternativas financieras menos riesgosas y de mayor liquidez, como plazos fijos o bonos.

A esto se suma la ausencia de incentivos fiscales adecuados. Mientras sectores estratégicos cuentan con regímenes especiales como el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), el agro carece por ejemplo de esquemas de amortización acelerada que faciliten la viabilidad de inversiones en transformación productiva. Paradójicamente, la mayor rentabilidad en un proceso de agregado de valor al grano, hoy la provee la distorsión de los derechos de exportación (DEX).

Finalmente, la falta de desregulación del mercado laboral hace que hoy en día una pyme que se expanda se cargue de futuros pasivos que pueden devenir de una eventual desvinculación de la fuerza laboral si finalmente el negocio fracasa

2. Barreras Ambientales y Regulatorias

Las exigencias normativas en materia ambiental constituyen otro obstáculo significativo. Un emprendimiento agroindustrial no solo debe cumplir con la carga impositiva y laboral existente, sino que además debe afrontar procesos de habilitación y auditoría ambiental de creciente complejidad. En este contexto, provincias con regulaciones más flexibles, han captado inversiones que, desde el punto de vista de las ventajas comparativas naturales y logísticas, deberían haberse radicado en otras regiones. Por ejemplo, se espera que en los próximos años se consolide un auge en la transformación agroindustrial en áreas de riego del valle de Río Negro, impulsado por una normativa ambiental más predecible y favorable a la inversión.

3. Barreras Políticas e Institucionales

La incertidumbre política y la falta de previsibilidad en las reglas de juego completan el cuadro de restricciones. La pregunta clave que se plantean los potenciales inversores es: ¿qué ocurre si dentro de tres años el modelo económico cambia nuevamente y nos encontramos con un esquema impositivo y regulatorio diferente?

La historia reciente ha demostrado que la estabilidad de las políticas sectoriales es frágil y que las decisiones de largo plazo pueden verse comprometidas por giros abruptos en la dirección económica del país. En este escenario, la opción más racional para muchos empresarios agropecuarios es priorizar la liquidez y minimizar riesgos patrimoniales. La inversión en activos financieros no gravados, como bonos y plazos fijos, resulta más atractiva que la inmovilización de capital en proyectos con elevados costos de salida y larga maduración.

En conclusión, al agregado de valor necesita primero algo que el empresario no puede hacer: "reformas de fondo". Sobre el papel, la estrategia de agregado de valor en origen es indiscutiblemente lógica y económicamente deseable. No obstante, la realidad impone desafíos que trascienden la voluntad del productor y requieren reformas estructurales en materia de financiamiento, tributación, regulaciones ambientales, laborales y estabilidad política.

El problema central radica en que los asesores y especialistas que promueven estas estrategias no asumen el riesgo inherente a su implementación. En última instancia, es el empresario agropecuario quien debe tomar decisiones en un entorno de elevada volatilidad y asumir las consecuencias en caso de que las condiciones macroeconómicas o sectoriales se tornen adversas. 

La clave para destrabar este potencial pasa por generar un marco normativo que garantice previsibilidad y condiciones de inversión razonables. Hasta que estos cambios se materialicen, el agregado de valor seguirá siendo una ecuación que cierra en el Excel, pero que en la práctica representa un desafío de dimensiones estructurales para el sector agroindustrial argentino, quedando solo al alcance de grandes empresas, excluyendo al segmento PYME.

(*) Ingeniero Agrónomo (MP: 607 CIALP) -Posgrado en Agronegocios y Alimentos- @MARIANOFAVALP