Crisis institucional en el Colegio de Ingenieros Agrónomos:urge recuperar la legitimidad 

Como ha sucedido en diversas instituciones fundamentales de Argentina en los últimos años, la interferencia de la mala política ha ocasionado un lamentable deterioro, afectando su prestigio, enfoque y funcionamiento. Es imprescindible señalar que la institución CIALP (Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa) no debe ser confundida con una minoría circunstancial que, salvo honrosas excepciones, ha aprovechado la apatía y el desinterés de muchos ingenieros matriculados para adueñarse del sello de esta noble entidad, impulsando posturas contrarias al desarrollo productivo y, en consecuencia, afectando la libertad laboral de una de las profesiones más valiosas: el Ingeniero Agrónomo.

Hoy, el CIALP se encuentra en un estado de descomposición institucional, tal como lo describió un expresidente en un acto de sinceridad extrema, al señalar que la entidad se ha convertido en un "ente paraestatal" cuya función principal es el control de la matrícula profesional. Esta situación ha derivado en un nivel récord de desafiliación en los últimos años.

Si bien históricamente ha existido cierto desinterés de los ingenieros agrónomos en involucrarse en la defensa activa de su profesión, anteriormente los cargos eran ocupados por personas de buena voluntad, cuyo objetivo principal era servir a la institución, más allá de los logros obtenidos durante su gestión. Hoy, sin embargo, el título de Ingeniero Agrónomo se ha ido devaluado ante las autoridades provinciales, que lo tratan más como un permiso que habilita a una interminable serie de cursos obligatorios, sin los cuales los profesionales ven restringido su ejercicio en áreas clave de su competencia.

Entre los ejemplos más notorios de este intervencionismo se encuentra la imposibilidad de que un ingeniero agrónomo ejerza plenamente sus funciones sin la realización de cursos adicionales, necesarios para estar a cargo de depósitos de agroquímicos, supervisar máquinas de pulverización, asesorar productores para la obtención de créditos, o prescribir quemas controladas de montes, entre otras actividades. Esta realidad, que afecta gravemente el desarrollo de la profesión, ha sido avalada por el CIALP, una institución que, paradójicamente, debería velar por la defensa de los ingenieros y su libertad profesional.

Es crucial que la sociedad entienda que lo que el CIALP ha respaldado hasta el momento no refleja el sentir ni el interés genuino de la mayoría de sus matriculados, particularmente aquellos que viven de la producción privada. Esto se evidencia en la controversia sobre la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas 3288, cuyo borrador de decreto reglamentario representa un avance inaceptable contra la libertad laboral y la propiedad privada, además de criminalizar la producción agropecuaria y el trabajo del ingeniero agrónomo. A pesar de ello, el CIALP, a través de sus representantes en el Consejo Consultor, ha adoptado una postura alineada con quienes impulsan esta normativa, vaya a saber uno tras qué objetivo.

En conclusión, resulta claro que la actual junta directiva del CIALP ha perdido la legitimidad necesaria para continuar al frente de la institución. Lo más apropiado, en este contexto, sería convocar a una asamblea extraordinaria las más urgente posible, para que los matriculados puedan ratificar o rectificar la gestión, permitiendo que el CIALP recupere su normal funcionamiento y vuelva a desempeñar su importante rol con serenidad y responsabilidad.