Alerta por el "borrador" reglamentario de la Ley N.º 3288 de gestión integral de plaguicidas

La provincia de La Pampa se encuentra en una encrucijada con la inminente aprobación de lo que hasta hoy sería un borrador para reglamentar la Ley de Agroquímicos 3288. Si bien el objetivo de esta ley es asegurar un uso responsable y sostenible de los agroquímicos, el enfoque riguroso, poco práctico y altamente restrictivo del borrador actual podría tener efectos contraproducentes. En lugar de promover una agricultura más eficiente y segura, podría afectar el desarrollo productivo de la región.

El principal problema del borrador es que requiere requisitos muy estrictos que dificultan su aplicación en la realidad del agro pampeano. Por mencionar uno de los puntos más preocupantes es la exigencia que la ley aplica a los ingenieros agrónomos para calificarlos como "asesores en fitosanitarios". Esto provoca que en la práctica existan pocos profesionales que cumplan con tales demandas, ya que suelen ser cursos tan útiles como el decreto en cuestión. Por lo que de movida nos encontramos en un déficit inmediato de mano de obra calificada. Esto crearía un cuello de botella que afectaría directamente la productividad agrícola, ya que los productores no podrían cumplir con la ley.

Además, la exigencia de monitorear de manera exhaustiva cada actividad de pulverización incrementa los costos operativos y logísticos de los productores, lo que afecta principalmente a los pequeños y medianos empresarios. Este tipo de medidas podrían hacer que el sector agrícola pampeano, uno de los motores económicos de la provincia, se vuelva inviable desde el punto de vista práctico.

El borrador de reglamentación propone un control exhaustivo sobre los agroquímicos sin considerar las particularidades del campo pampeano. En lugar de fomentar un uso eficiente y racional de los productos, las restricciones desproporcionadas hacen que sea difícil aplicar las soluciones más adecuadas para cada situación. En la práctica, las leyes deben ser realistas y estar alineadas con los conocimientos técnicos y las condiciones del sector.

Una regulación tan estricta no garantizará necesariamente una mejora en el manejo de agroquímicos. De hecho, podría generar que los productores recurran a soluciones informales o no reguladas, escapando del control legal y poniendo en peligro la seguridad y el medio ambiente, precisamente lo que la ley busca evitar.

Si se aprobara sin modificaciones, existen dos posibles desenlaces:

1.No se Aplicará: Ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos por la falta de personal calificado y la excesiva rigurosidad, las autoridades pueden verse obligadas a flexibilizar de facto la ley, dejándola inoperante. Esto conduciría a un vacío legal donde el uso de agroquímicos seguiría siendo poco controlado, lo que contradeciría el espíritu de la ley.

2.Aplicación Rigurosa con Impacto Productivo: En caso de que se aplique con todas sus exigencias, el impacto sobre la producción agrícola sería inmediato y grave. La imposibilidad de aplicar los productos en tiempo y forma debido a la falta de profesionales y la burocracia creada podría reducir significativamente la producción de los principales cultivos, afectando la economía provincial. Fundamentalmente a los productores más chicos.

Una regulación que no toma en cuenta la realidad económica y operativa del sector agropecuario de La Pampa está condenada a fallar. No puede haber una buena ley que atente contra la principal actividad privada de la provincia. El desarrollo agrícola es clave para el crecimiento económico de la región, y cualquier normativa debe equilibrar la protección ambiental y sanitaria con el fomento a la producción.

Por lo tanto, es imperativo que este borrador de reglamentación sea revisado y modificado antes de ser aprobado. Las autoridades deben dialogar con el sector productivo, los ingenieros agrónomos, y otros expertos para encontrar un equilibrio adecuado que asegure tanto el cuidado del medio ambiente como la viabilidad económica del agro pampeano.

En conclusión, si no se revisa el borrador de la Ley 3288, se corre el riesgo de paralizar el potencial productivo de la provincia o de dejar en el limbo una ley inaplicable. Es necesario ajustar la normativa para que sea efectiva, pero también razonable y realista en su implementación.