Hidrovía, privatización y problemas

La Hidrovía es un sistema de vías navegables que conecta el interior de Argentina con el Mar Argentino y, por extensión, el Océano Atlántico. Este corredor fluvial, de aproximadamente 1.477 kilómetros, incluye los ríos Paraná y de la Plata, atravesando siete provincias: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y Buenos Aires. A lo largo de su recorrido, abarca 79 puertos y también conecta a Argentina con Paraguay y Bolivia, facilitando un flujo comercial de gran escala para los países de la región. Desde su apertura a mediados del siglo XX, la Hidrovía se ha consolidado como un eje clave para la exportación de productos estratégicos como soja, maíz y trigo, posicionándose entre los sistemas de transporte fluvial más importantes de América del Sur.

Sin embargo, la reciente licitación para privatizar la Hidrovía ha generado un profundo malestar en diversos sectores sociales. Este descontento surge, en parte, por el impacto que tendría entregar el control de una infraestructura que maneja cerca del 80% de las exportaciones del país a empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. Los fantasmas de las privatizaciones de los años 90 y sus consecuencias negativas, sumados a los riesgos ambientales, alimentan el rechazo de organizaciones sociales y ambientalistas.

Uno de los principales problemas asociados a la privatización es la posible profundización de los dragados para incrementar la capacidad de transporte. Estas modificaciones pueden tener impactos ambientales severos, especialmente en un contexto de cambio climático. El río Paraná, por ejemplo, ha sufrido dos bajantes históricas en menos de cinco años, y las sequías extremas previstas para la región agravan aún más la situación. Modificar el paisaje con fines puramente productivos sin considerar las alteraciones climáticas actuales y futuras es un camino peligroso y cortoplacista.

Además, el gobierno nacional ha demostrado un desinterés preocupante por las cuestiones ambientales. Prueba de ello es la retirada abrupta de sus representantes en conferencias internacionales como la COP29 sobre Cambio Climático. Esto plantea un escenario en el que quien adquiera la Hidrovía podría operar sin controles ni regulaciones ambientales estrictas, dejando abierta la posibilidad de un desastre ambiental que afectaría a la fauna, la flora y la integridad de toda la cuenca. La historia no deja dudas: durante las privatizaciones de los 90, la falta de regulaciones llevó a la sobreexplotación de recursos y a la degradación de ecosistemas esenciales.

Es fundamental recordar que ninguna actividad humana tiene impacto ambiental cero, pero la sustentabilidad (entendida como un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental) es posible. Sin una base ambiental y social sólida, cualquier beneficio económico es efímero y sus perjuicios, irreparables. A esto se suma la importancia de la soberanía en el manejo de nuestros recursos estratégicos. Privatizar la Hidrovía implica ceder el control estatal sobre un bien esencial, y resulta ingenuo creer que una empresa extranjera priorizará el cuidado de un recurso ajeno antes que sus propios intereses; como dice el dicho "cada quien cuida su ranchito".

La Hidrovía es un bien público y, como tal, debe gestionarse con responsabilidad y en beneficio de todos/as los/as argentinos/as. Entregarla a intereses privados podría contradecir los principios establecidos en nuestra Constitución Nacional: el derecho a un ambiente sano (artículo 41) y la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales (artículo 124). Argentina es un país rico y diverso, y no podemos hipotecar nuestro patrimonio por promesas económicas de corto plazo que se traduzcan en pasivos ambientales y sociales.

*Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente. MPN365