El Pacto de Mayo nos condena

El pasado 9 de julio, 18 gobernadores y el presidente de la Nación firmaron el Pacto de Mayo, un documento con 10 puntos "rectores" para "un país mejor". Las provincias que no firmaron este pacto fueron La Pampa, Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa. El punto número 7 establece "El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país", acompañado por un discurso del presidente donde afirmó que el ser humano debe explotar la naturaleza, pues Dios la creó para nuestro uso.

Este discurso, antropocéntrico y religioso (que coloca al ser humano como centro del todo y a un Dios que crea todo para nosotros), resulta retrógrado en nuestros tiempos, donde los países del mundo abogan por medidas de adaptación y mitigación de problemáticas ambientales, y las corrientes científicas se enfocan cada vez más en una perspectiva ecocéntrica (la naturaleza como centro y el ser humano como parte de ella). Esta postura ha puesto en alerta a más de 50 ONGs ambientalistas, a la comunidad científica y a todas las personas que luchan constantemente por la protección de los recursos naturales en favor del bienestar de sus comunidades.

No solo se trata de un discurso que permite la explotación libre de recursos naturales sin control ambiental, lo cual conlleva contaminación, enfermedades, pérdida de calidad de vida y pérdida del patrimonio natural del país; sino que también va en contra de la Constitución Nacional Argentina. El Artículo 41 establece el derecho a un ambiente sano, el libre acceso a la información ambiental, la aplicación de Leyes de Presupuestos Mínimos Ambientales y el uso sustentable de los recursos naturales. Esto significa que las acciones actuales sobre los recursos no deben comprometer su disfrute para las generaciones futuras.

Además, en el discurso se aboga por el desarrollo del país mediante la explotación de los recursos naturales, utilizando como ejemplo a Chile, un país que explota cobre en gran cantidad pero que presenta una gran desigualdad social y una alta tasa de pobreza. Además, enfrenta serios problemas hídricos. En nuestro país existen Leyes de Presupuestos Mínimos, como la Ley de Glaciares, que se centran en la protección de los glaciares, una fuente potencial de agua potable.

Por último, la extracción de recursos naturales, principalmente mineros e hidrocarburíferos, rara vez deja una cantidad significativa de divisas en nuestro país, ya que la mayor parte del dinero queda en manos de capitales extranjeros. En otras palabras, nosotros/as nos quedamos con el agujero en la montaña y otros países se quedan con nuestros recursos y dinero.

El desarrollo debe ser sostenible, considerando sus tres dimensiones: social, ambiental y económica. Tras la firma de este pacto, ninguna de estas dimensiones se cumplirá, y Argentina se sumergirá en un retroceso ambiental a los ojos del mundo, en detrimento de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as argentinos/as.

Prohibir el uso de palabras en instituciones nacionales no impedirá que la lucha ambiental continúe, y hoy más que nunca debemos revisar qué queremos para nuestro futuro y el de las generaciones venideras: si un país próspero con diversidad de paisajes, flora y fauna, rico ambientalmente, o un país pobre y contaminado. Recordemos que Estados Unidos, Canadá, Europa y China no explotan sus paisajes naturales, pero sí explotan los minerales en países africanos y latinoamericanos. No seamos el patio trasero de nadie. La soberanía y la patria se definen protegiendo nuestros recursos naturales. La libertad no es arruinar la vida de las personas, eso es crueldad.

*Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente. MPN365