Por decreto, echaron de la Policía al represor Roberto Fiorucci

El gobernador Sergio Ziliotto firmó el decreto por el que separó de la Policía de La Pampa al represor Roberto Fiurucci, condenado por cometer delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

A través del Decreto Nº 2405, del pasado 6 de julio, el gobernador destituyó "de la Policía de la Provincia a partir de la fecha de su notificación con carácter de Separación de retiro, al Comisario Inspector (R) de Policía Roberto Oscar Fiorucci, D.N.I. Nº 7.354.277, Clase 1939, por resultar en sede administrativa responsable de la comisión de la falta prevista y sancionada por el artículo 63 incisos 6) y /9 de la Norma Jurídica de Facto Nº 1.034/80 y de conformidad a lo establecido en los artículos 47 inciso d) y 48 del decreto Nº 978/81, ello en atención a los considerandos expuestos precedentemente".

Fiorucci fue condenado en el primer juicio a represores que actuaron en la denominada Subzona 1.4. La condena al ahora expolicía fue dictada en el año 2010 y fue a 20 años de prisión. El represor estaba al frente del sector de informaciones del grupo de tareas que actuó en la provincia. En el segundo juicio no fue juzgado y en el tercero estaba imputado pero fue apartado del mismo debido a sus problemas de salud.

En el primer juicio, el Tribunal Oral Federal condenó, además de Fiorucci, a otros ocho imputados a penas de entre 8 y 20 años de prisión por los delitos de privación ilegal agravada y tormentos agravados, todos considerados como delitos de lesa humanidad. Las condenas fuer a Néstor Greppi, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, y Carlos Reinhart a 20 años de prisión; Athos Reta y Oscar Yorio a 12 años de prisión; Néstor Cenizo a 14 años de prisión; y Hugo Marenchino a 8 años de prisión.

El fallo del 2010 condenó a Fiorucci como "coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de libertad agravada por el uso de violencia y amenazas (24 hechos) de los cuales 12 casos se encuentran doblemente agravados por duración de más de un mes ; y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos (13 hechos); a la pena de veinte años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas del proceso, todo en concurso real; calificados todos como delitos de lesa humanidad".