Amado Boudou pidió mantener la prisión domiciliaria

El ex vicepresidente Amado Boudou pidió mantener la prisión domiciliaria, tras el fallo de Corte Suprema que confirmó su condena en el caso Ciccone. La presentación la realizaron sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort después de que el juez de ejecución penal Daniel Obligado los notificara del pedido de los fiscales Guillermina García Padín y Marcelo Colombo, para que el ex vice cumpla la sentencia condenatoria en prisión. Entre sus puntos centrales, señalaron que existen otros casos de condena firmes que se cumplen bajo la morigeración del arresto.

Con el fallo por unanimidad de los miembros de la Corte Suprema, Amado Boudou se convirtió en el primer ex vicepresidente con condena firme en un caos de corrupción: se lo acusó por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra-venta de la ex Calcográfica Ciccone. La sentencia había sido dictada por el TOF 4 en agosto de 2018 contra el ex vice, José María Núñez Carmona, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri.

El viernes el juez de ejecución Daniel Obligado informó sobre la firmeza de la sentencia en el caso Ciccone pero nada había señalado respecto a dónde cumplir la misma. Horas después, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que el ex vice regrese a prisión.

Los fiscales García Padín y Colombo solicitaron al juez que "proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 494 del C.P.P.N. respecto de los nombrados, a fin de ejecutar la pena conforme resolviera el Tribunal Oral con fecha 3 de octubre de 2018, lo que así se solicita". Esto es: que Boudou, como los demás detenidos del país, cumplan la condena en prisión.

Asimismo, se planteó que con la firmeza de la condena " pierden operatividad las previsiones" que permitieron que se le conceda a Boudou y Núñez Carmona, el arresto domiciliario. Este beneficio debe cesar, entendieron García Padín y Colombo.

El escrito de los representantes del Ministerio Público Fiscal fue remitido a todas las partes para se pronuncien al respecto. Las defensas cuentan con un plazo de tres días para responder. Ante esto, los primeros en responder la vista fueron los abogados Rúa y Peñafort quienes insistieron, confirmaron fuentes allegadas a la defensa, con el arresto domiciliario que cumple ex ex ministro de Economía desde abril.

Según pudo saber Clarín, el pedido de los abogados de Boudou se basaron en al menos, tres puntos: el primero de ellos sostiene que "los motivos por los que se encuentra bajo arresto domiciliario" el ex vice, "no cambiaron con el cese de la prision preventiva".

En abril, Obligado mandó a Boudou a su casa invocando el riesgo sanitario por la pandemia del Covid19, pese a que los médicos del Servicio Penitenciario Federal explicaron que el reo goza de buena salud y "no integra el grupo vulnerable" de personas que correrían riesgo de contagio permaneciendo en su lugar de detención. Los análisis especificaron que el ex vice "no cursa enfermedad infectocontagiosa aguda, no presenta enfermedad predisponente en caso de infección COVID 19".

Lo que sostuvo en su resolución de entonces, es que el arresto domiciliario tendría vigencia hasta tanto finalice la pandemia. Por tal motivo, y como segundo punto y central, los abogados indicaron que "el arresto domiciliario debe mantenerse".

Por otro lado, la defensa adujo que la Fiscal de Ejecución en muchos casos, similares, "se pronunció a favor de mantener la domiciliaria para el cumplimiento de la condena".

Una vez recibidas todas las respuestas, correrá el plazo para que el juez de ejecución penal resuelva si Amado Boudou cumplirá la condena por corrupción en la prisión o si continuará en su domicilio.

El calendario judicial indica que, de no resolverse antes del inicio de la feria de verano, será otro juez de ejecución penal el que deberá intervenir, ya que Daniel Obligado es subrogante en el cargo y lo deja el 31 de enero.

Los jueces de la Corte rechazaron los planteos de las defensas y así confirmaron un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, donde se determinó que Boudou "se valió de su amigo personal, José María Núñez Carmona -quien dirigía la actuación de Alejandro Vandenbroele- utilizando empresas fantasmas y operaciones simuladas que dificultaban rastrear a los verdaderos titulares del negocio y entender el verdadero alcance del acuerdo ilegal".

Para cumplir con tal objetivo, "se manipuló en provecho personal, por lo menos, tres organismos del Estado: la Casa de Moneda, la AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia" para que "beneficiaran a la ex Calcográfica Ciccone".

El circuito de la maniobra cerró en abril del 2012, cuando el Gobierno contrató a Ciccone -bajo liderazgo de Vandenbroele, Boudou, Núñez Carmona-, para que imprimiera 160 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el que el Estado pagó 140 millones de pesos. También se encargaron trabajos partidarios: la calcográfica imprimió boletas para el Frente para la Victoria.