Los abogados José Miguel Ochoteco y Alberto Santiago Giuliano hicieron una presentación en la que afirman que los fundamentos fueron copiados de internet y que se hizo sin las herramientas ni el personal idóneo. Denunciarán por falso testimonio al perito de la Agencia de Investigación Criminal.
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EL DIARIO digital
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El abogado Juan Resia defensor de los abogados imputados por estafa procesal en perjuicio de una mujer que sacó un préstamo privado, solicitó una nueva pericia y demandó que sea realizada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la presentación judicial denuncia que la pericia donde se afirma que rellenaron el pagaré luego de hacerle firmar una hoja en blanco a la denunciante, fue plagiada y se hizo sin los elementos técnicos necesarios para establecer si realmente había ocurrido así.
Para rebatirla contrataron a un calificado perito en el orden nacional. En su informe da por tierra con esa prueba y pone en dudas que el pagaré haya sido rellenado en un momento posterior al de la firma de la mujer que contrajo la deuda.
La pericia de la Agencia de Investigación Criminal es una de las pruebas fundamentales por las que los imputados fueron formalizados por los delitos de “estafa”, “estafa procesal” y “falsificación de documento privado”. Fue realizada por el Oficial Principal Juan José Fernández, integrante de la AIC.
Resia afirma que ante las dudas que les generó esa prueba, solicitaron una pericia de parte sobre la pericia oficial. La realizó Federico Rubén Rindlisbacher, Calígrafo Público Nacional, titular de Laboratorio Pericial Rindlisbacher & Asociados, y destacado docente en la materia de investigación criminal.
El nuevo perito concluyó que Fernández en distintos puntos del informe oficial “ha empleado palabras, oraciones, frases que corresponden a otros autores, sin que haya hecho mención de los mismos, ni de sus obras literarias, describiéndolas como fuente de su informe” lo también puede ser entendido como que se apropió “de obras literarias ajenas” que se considera una violación de la ley de Propiedad intelectual 11.723.
Se lo acusa al perito oficial de copiar el concepto de “Escritura” de un modulo de estudio del estudiante universitario Francisco Catalán en el sitio web https://www.academia.edu/8379455/GRAFOSCOPIA,
En el escrito informa que se habrían copiado argumentos de un sitio de internet. Según la defensa, habría sacado la parte en la que afirma que “el grafismo resulta de una serie de movimientos registrados a través de los trazos, que acaban por adquirir aspecto, o lo que es lo mismo, forma o configuración. El estudio de dichos movimientos o gestos gráficos es, en síntesis, el examen del trazo o grama, pues viendo lo que aconteció con el trazo en su desenvolvimiento, estarían revelados los movimientos ejecutados por el hombre en la producción de ese facsímiile gráfico, pudiendo aún, desarrollar una observación parcelada de cada uno de los rasgos, en su configuración adquirida”, de un libro de la materia, afirma el abogado defensor,
“Dicho párrafo, indicado como propio por el Lic. Of. Principal Juan José FERNANDEZ, surge del uso indebido de la Obra literaria de José Del Picchia (Hijo) y Celso Mauro Ribeiro Del Picchia en su libro “Tratado de Documentoscopía. La falsedad documental”, páginas (página 117) y de la tesis de María Laura Parigi, estudiante de la carrera de Lic. en Criminología de la Facultad de Psicología, Universidad de Aconcagua – Mendoza del año 2012, página 16 y 17, publicada en internet en el sitio http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/347/tesis-4326-nalisis.pdf, obras que no fue citada en la pericia realizada”, especifica en la presentación judicial donde pide otra pericia.
Ante esa y otras pruebas que forman parte de la defensa, y que no trascendieron, es considerado un “agravio” que pone en peligro el derecho a defensa, ya que gran parte de la acusación se basa en “la utilización de una pericia que padece vicios técnicos específicos de la materia”, indica el escrito presentado en la justicia pampeana.
Agregan que la AIC no cuenta con los equipamientos y el personal necesarios, según el reconocido perito que contrató la parte acusada, por lo que solicitaron una nueva pericia y reclaman que sea realizada por “un nuevo cuerpo de peritos, más precisamente al cuerpo de peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de La Nación”.
Con el nuevo peritaje se busca contar con los equipos y profesionales adecuados “para elaborar un acabado y pormenorizado informe scopométrico que permita dilucidar si se presentan o no irregularidades en la antigüedad absoluta y relativa de la confección del ‘pagaré’ cuestionado”.