Más de un mes después del requerimiento de la fiscala Iara Silvestre, los organismos nacionales permanecen en silencio. Ayer se fueron dos funcionarios por el retiro de 11,4 millones de pesos en la TV Pública.
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EL DIARIO digital
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El Enacom y la agencia Telam aún no respondieron el requerimiento que les hizo la Justicia Federal luego de que se abriera un expediente para investigar la escandalosa distribución de la pauta publicitaria nacional en la provincia de La Pampa.
"Todavía no llegaron los informes que pedí", dijo la fiscala Iara Silvestre ante una consulta de El Diario.
Tal como se informó, la Justicia Federal pidió una serie de informes al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la agencia oficial Telam, por donde se cursan los avisos publicitarios a lo largo del año 2020. El expediente en cuestión es el 76/2021.
La repartija que se filtró de la pauta estatal por parte del gobierno nacional confirmó una tendencia de los últimos años: el privilegio para los medios dominantes porteños, un sistemático ninguneo a los de La Pampa como a los de la mayoría del interior del país y un beneficio para determinados medios "fantasma" de nuestra provincia.
El proceso de esa distribución metió en una coctelera varias situaciones: la arbitrariedad en el reparto de los fondos (a falta de una ley que regule cómo hacerla), el favoritismo según las simpatías políticas, la permanencia de una costumbre y en algunos casos hasta debería investigarse si no existe una estafa, puesto que figuran percibiendo dinero medios que tienen nula incidencia, cuya presencia se desconoce o que directamente no existen.
El favoritismo político quedó expresado, por ejemplo, en que el diario La Arena percibió a lo largo de 2020 $3.476.347, mientras el otro diario de la ciudad (El Diario de La Pampa) se quedó en $425.672 (ocho veces menos).
De lo que nadie puede dudar es de que se trata de los medios más importantes de la provincia, los que generan más fuentes de trabajo y tienen el mayor alcance.
Eso hace aun más notable el privilegio para los diarios porteños: los montos que se cobraron en La Pampa son ínfimos en comparación con los costos operativos de sus estructuras.
El ninguneo a los medios pampeanos se completó directamente dejando fuera del radar a otros espacios más pequeños que los diarios tradicionales, pero que tienen trabajo visible cada día y público que los sigue, y que en menor medida generan fuentes laborales. A contrapelo, medios de escasa actividad o directamente inexistentes percibieron pauta como si de veras funcionaran.
Entre los medios locales que aparecieron cobrando pauta publicitaria, hay una mayoría que tiene visibilidad y presencia, que es consumida por el público y que genera trabajo. Otros, en cambio, son verdaderos medios "fantasmas", desconocidos para la opinión pública o directamente inexistentes.
Se huele en ese mecanismo una distribución algo "trucha", cuando no una suerte de estafa al propio Estado, a quien se le cobró por un servicio que no se brindó.
En general los montos tampoco llamaron la atención si se tiene en cuenta el contexto o en comparación con medios parecidos.
Sí parece desigual que -por ejemplo- el Canal 6 Comunitario, de magro alcance y que no se caracteriza por la creación de fuentes laborales masivas, percibiera en pauta publicitaria más dinero que el canal de la Cooperativa Popular de Electricidad, de activa presencia, en crecimiento y con una importante planta de trabajadores y trabajadoras.
El Canal 6 Comunitario, hasta donde se sabe, es propiedad de Gustavo Córdoba (cara visible del Grupo Clarín en La Pampa) y del abogado y dirigente del radicalismo Marcelo Piazza. Ambos integran una empresa que tiene el nombre de ARG S.R.L.
Córdoba también aparece como el referente de "Somos La Pampa", el canal de televisión formal del Grupo Clarín en nuestra provincia, que obviamente figura en la nómina de quienes reciben pauta.
Asociados a los "referentes" del Grupo Clarín en La Pampa también aparecen otros medios o supuestos medios, como dos desconocidas radios de FM con el mismo punto del dial.
La 99.1 "Somos Santa Rosa" de la capital provincial -cuya programación se desconoce- recibió más de $300.000, el mayor monto que se paga a una emisora en nuestra provincia.
Una fuente consultada por este diario contó que la supuesta antena vinculada a esa radio estaba en un predio ubicado sobre la calle Güemes propiedad de AMUSIN, la obra social del Centro Empleados de Comercio, y que habría sido "derribada" por la última tormenta que azotó a la ciudad. De todos modos, se desconoce qué tipo de programación tenía e incluso si tenía trabajadores.
Para la 99.1 "Somos General Pico" de esa ciudad se destinaron 176.800. En ese punto del dial, en la segunda localidad de La Pampa, hay silencio.
El resto de las radios que aparecen en el listado de la pauta oficial -son cadenas de emisoras nacionales o pertenecientes a la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias- tienen programación y visibilidad, presencia en sus comunidades y trabajadores y trabajadoras. Entre las AM parece exigua la pauta que le toca LU 33, que es una cooperativa y una emisora de muy antigua data.
Otra de las firmas que figura percibiendo fondos estatales es "Telenoticias" de General Pico: recibió más de $1.000.000. Se trata de la emisión de un noticiero de la TV por cable.
Un portal de nombre algo extraño (enter-ate.com.ar) percibió $150.000: es un medio en el que -al menos hasta cuando surgió el escándalo- no había ninguna publicidad y en el que la información de la sección "Locales", fechada en General Pico, aparecía muy salteada: la última noticia era del 18 de enero y la anterior a esa databa del 21 de octubre.
11,4 millones de pesos
El secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Francisco Meritello, anunció que desplazaron a un directivo y que otro renunció por el retiro de 11,4 millones de pesos en efectivo de la TV Pública.
Las autoridades del canal echaron a Guillermo Siaira, director de Administración y Finanzas de Radio y Televisión Argentina (RTA). También le aceptaron la renuncia a Ernesto Molinero, gerente de Producción.
Los abogados de Radio y Televisión Argentina (RTA) presentaron ante la Justicia Federal las pruebas fílmicas que permitirán conocer quiénes fueron los responsables del retiro de efectivo de cuentas de la Televisión Pública y cuál fue el circuito, mientras avanza una investigación a nivel interno.
"Iniciamos un sumario administrativo a toda la línea que ha participado del procedimiento irregular", informó Meritello en una conferencia de prensa que encabezó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), acompañado por la titular de la TV Pública, Rosario Lufrano, y el subsecretario de Medios Públicos, Claudio Martínez.
En ese marco, Meritello detalló las acciones tomadas tras la irregularidad detectada en relación al retiro en efectivo de las cuentas del canal y respaldó el accionar de Lufrano, quien, una vez que tomó conocimiento de la situación, inició una investigación administrativa para aclarar las responsabilidades del caso.
Las imágenes obtenidas a través de la prueba fílmica, ya presentada ante la Justicia, "detallan el circuito" de la maniobra y permite identificar a los responsables del retiro de 11 millones de pesos, comunicó Meritello.
Según precisó, los retiros se realizaron "todos en la misma semana" por "11.400.000 pesos", en dos extracciones de 5 millones y una de 1,4 millones de pesos.
De ese monto, dijo, se recuperaron 8,8 millones de pesos en efectivo y una serie de comprobantes que serán sometidos a una auditoría en curso.
"Estamos tomando todas las medidas para actuar con la mayor celeridad posible", afirmó Meritello.
"Hemos tomado la decisión de intervenir las áreas de producción y administración de la TV pública, removiendo a los máximos responsables de la misma e iniciamos un sumario administrativo a toda la línea que ha participado del procedimiento irregular", adelantó.
Agregó que, desde que Lufrano tomó conocimiento de la situación hasta hoy, pasaron menos de 10 días corridos que sirvieron para las actuaciones correspondientes.
El dinero en cuestión estaba originalmente destinado a una producción "interna" del canal, una serie de ficción que versaría sobre "Los amores prohibidos de Manuel Belgrano".
Según explicó el subsecretario de Medios Públicos, el presupuesto fijado para esa serie era de 56 millones de pesos, incluidos los salarios de los trabajadores de la TV Pública, un monto inferior al que requiere la producción de una película media, según fija el Instituto de Cine Argentino (Incaa)
Los funcionarios señalaron que la titular de la TV pública recibió un correo electrónico "anónimo" el domingo 7 de marzo alertando respecto a esta situación.
Al día siguiente, completaron, la titular de la TV Pública dispuso las primeras medidas que incluyeron el resguardo del material de las cámaras de seguridad para remitirlos a la justicia.
"Nuestra intención es dar a conocimiento público toda la información con la que contamos y poner blanco sobre negro en un función de los responsables de esta irregularidad", afirmó Martínez en referencia al procedimiento que se está realizando.
El secretario de Medios, además, respaldó a Lufrano y criticó la intención de diversos actores de la escena pública y mediática que "durante toda la semana" insistieron con una "mentira" de "querer llevar a la denunciante a ser denunciada".
Por su parte, Lufrano explicó que lo sucedido "se llevó adelante en un circuito administrativo totalmente irregular" y que la maniobra hubiera sido "imposible" si se cumplía el modo legalmente fijado de operar.
"Una vez que comprobé que las cosas denunciadas eran parecidas a las que habían sucedido, determiné de forma inmediata la auditoría interna. Se le informó al directorio de RTA, que respaldó todo el accionar. El mismo 8 de marzo se les comunicó a los trabajadores que se desarrollaba la auditoría para que se pusieran a disposición", señaló.
En ese sentido, comentó, que "cuando se conoció en la prensa, ya estaban tomados todos los recaudos internos".
"La investigación la iniciamos nosotros", insistió la funcionaria y finalizó: "El procedimiento fue irregular, los responsables están fuera de sus funciones porque fueron removidos de sus cargos y el resto de los involucrados no pueden estar en funciones y, si se tienen que tomar más medidas, serán tomadas".