Agenda en disputa: mujeres e intereses porteños

Una de cal...

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, acompañada de la ya tradicional movilización que hacen sobre todo los movimientos feministas, permitió que se reafirmaran en la agenda del momento una serie de problemáticas ante las cuales la sociedad y el Estado siguen en deuda.

La situación más grave se vive, desde ya, en relación a los hechos de violencia –cuyo punto máximo son los femicidios, que han alcanzado un número impensado–, frente a los cuales queda al desnudo la desprotección de las víctimas, pero además la complicidad de sectores estatales –con la Policía en primer plano– que facilitan su multiplicación.

Esas problemáticas fueron puestas en el centro de la escena durante las movilizaciones que realizaron mujeres, trans y disidencias, y que también en nuestra provincia tuvieron importante presencia y explicitación de las demandas concretas en un documento que diversas organizaciones hicieron llegar al gobernador Sergio Ziliotto.

En el caso de La Pampa, durante los últimos días –y para ponerse a tono con la efeméride del 8M– se hicieron distintos anuncios, entre ellos el cambio de nombre de la Secretaría, y se publicó el Boletín del Observatorio del área de la Mujer, Géneros y Diversidad que evidencia algunos aspectos de la realidad, muchas veces desconocidos o, lo que es peor, ignorados.

Hubo más de 800 denuncias por episodios de violencia durante el año pasado solo en la jurisdicción judicial correspondiente a Santa Rosa y bastante más de 1000 en toda la provincia, de acuerdo a las cifras oficiales.

La problemática necesita que se haga particular foco sobre otro de los nichos claves del Estado: el Poder Judicial, cuya caracterización como conservador y machista no es precisamente una novedad ni algo desconocido.

En ese sentido, a nivel nacional quedaron expuestas algunas personalidades fundamentales de esa corporación, en el marco de una ofensiva en la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está especialmente ocupada.

La representación política de las mujeres es otro costado de la misma discusión pública: en el radicalismo, organizaciones del sector advierten la necesidad de que los hombres que "tienen la manija" partidaria les hagan espacio a la hora de determinar postulaciones electorales.

Dentro del peronismo también se denunció en la semana que se va la "violencia política" que sufre una mujer: la intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlane, está en el blanco de una andanada de acusaciones por parte de sectores de la oposición en sociedad con dirigentes del propio PJ pampeano que tienen interés en desbancarla.

Algunas organizaciones internas del peronismo –en el mismo sentido en que antes lo hicieron diputados de líneas internas no oficialistas– expresaron su exigencia de que se le ponga un freno a esa embestida, aunque hasta el momento la postura de quienes toman las decisiones más importantes y poseen una mayor dosis de incidencia ha sido el silencio.

…y una de arena…

Desde siempre, pero con mucha más razón en los últimos tiempos en que a veces parece que hay una especie de imperio de las redes (anti)sociales, algunas temáticas que tienen una raíz muy porteña terminan derramando hacia las provincias y generando agendas territoriales alejadas de la realidad.

En la semana que se fue, el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Salud Mario Kohan tuvieron que salir a defender en una conferencia de prensa la transparencia del plan de vacunación en la provincia, simplemente porque el asunto se volvió predilecto tema de campaña de la oposición política y sus medios de comunicación asociados.

Así es como publicaciones, televisoras y radios porteñas terminan imponiendo los asuntos de los que debe hablar el país entero, aunque las realidades de esa jurisdicción sean tan diferentes a las que se viven en otros puntos de la Argentina (curiosamente esos mismos espacios son los que difunden como si supieran cuáles son las condiciones que deben darse para la práctica de lo que llaman "federalismo").

Desde la explosión del caso no azarosamente llamado "Vacunación VIP" se pretendió instalar la duda respecto del modo en que se realiza el proceso vacunatorio, del mismo modo en que antes se dijo que la vacuna no iba a llegar y que luego se repitió que esa vacuna en realidad era "veneno".

Ni la renuncia de un ministro de Salud por los casos de aparente privilegio sirvió para acallar a las fieras que pretenden que haya tinta sangre, para que la temática haga mella en las posibilidades electorales del oficialismo, y de paso queden invisibilizadas las torpezas del "elegido" porteño, cuyas conductas privatistas e insensibles en torno a la vacunación han sido prolijamente metidas bajo la alfombra.

El colmo de la parcialidad "periodística" ocurrió con las declaraciones de la intelectual Beatriz Sarlo, quien de modo temerario, irresponsable y vaya a saberse si intencionado contó en aparente tono de denuncia que desde el Gobierno bonaerense le habían ofrecido vacunarse "bajo la mesa".

Sarlo apenas había sido consultada para sumarse a una campaña, finalmente desactivada, en la que se iba a vacunar a personalidades públicas con el objetivo de generar confianza en la vacuna­: pocas horas después de la "bomba" que tiró se desdijo y lamentó haber soltado esa expresión porque no era parte de la realidad.

Sin embargo, el mal ya estaba hecho y la vacuna manchada: las tapas de los diarios del establishment y la marcada hegemonía de esa corporación instalada en las redes sociales ignoraron el detalle más importante de toda esa historia (la autodesmentida de Sarlo) y facilitaron la campaña de propaganda en contra del gobernador bonaerense: el despliegue de lo que antes se llamaba "periodismo" ya no tiene ningún punto de contacto con la realidad.

Aunque es un tema de baja preocupación para la vida cotidiana, que quizá debiera quedar reducido a la comidilla farandulesca porteña, el poder mediático logra instalarlo como un asunto de real interés público y derrama por diversas vías hasta transformarse en conversación cotidiana en todo el territorio nacional y obliga a autoridades que nada tienen que ver con esa acción a defender sus políticas.